"De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca, resguardados por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos, es dar la vida por la humanidad y por este planeta"

Berta Cáceres

"Ser ambientalista en Honduras es una sentencia de muerte", declaró Berta Cáceres poco antes de que un comando de paramilitares y funcionarios de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) entrara en su domicilio para matarla. Han pasado seis años de aquel crimen, y dos cosas permanecen iguales en Honduras: el asesinato y persecución de líderes y lideresas sociales, y la depredación de sus recursos naturales.

Un día antes de su asesinato, un drone de las FFAA monitoreaba los alrededores de su casa, ubicada al oeste de Tegucigalpa, en la localidad de La Esperanza. "En estos días te vas a comer el hígado de alguien" le dijo Jórge Ávila, un ex policía nacional cambió el uniforme policial por el sueldo dolarizado que le ofrecían DESA, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial, (los principales inversores del proyecto Agua Zarca, obstaculizado por Cáceres y su organización, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

En la madrugada del 2 de marzo Berta escuchó un ruido en la habitación contigua a su dormitorio. "Quién anda ahí" preguntó, y recibió como toda respuesta dos disparos en el pecho. El ambientalista Gustavo Castro, que también estaba presente recibió el roce de dos balas en su mano y su oreja izquierda, fingió su muerte y salvó la vida. La escena del crimen fue manipulada y su cadáver fue llevado a la base de la Fuerza Aérea de Honduras. Una larga y doliente procesión reclamó la devolución de su cuerpo.

En 2018 fueron detenidos y llevados a juicio siete paramilitares y sicarios consignados como autores materiales del asalto a la casa de Berta, y las graves heridas de Gustavo Castro. Entre los detenidos hay un militar jubilado, ex empleado de DESA, y un militar en activo. También fue acusado como autor intelectual del asesinato Roberto David Castillo Mejía, en ese momento director ejecutivo de DESA. El ejecutivo fue detenido en el aeropuerto San Pedro Sula intentando huir del país.

El periodista y fotógrafo español Gervasio Sánchez cuenta en su reportaje "Las caras de la resistencia y la dignidad" publicado por el suplemento XL Semanal que: "actualmente existen en Honduras 339 licencias mineras vigentes y otras 419 en trámite. Al mismo tiempo, en los últimos cuatro años se han registrado 1.641 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos".

A Berta la mataron por indígena, por mujer política, pública y comprometida. Por referenta, por insumisa, por luchadora antipatriarcal y anticapitalista. La mataron por codicia, por coloniaje, por entreguismo, por cobardía. Sin embargo, con su sangre regaron la semilla de mil, diez mil, millones de nuevas Bertas en toda la Patria Grande.