Los jueces Luis María Rizzi y Javier Anzoátegui protagonizaron un fallo judicial desopilante. Señalaron de "sicarios" y “asesinos a sueldo" a los médicos que garantizaron la ILE a una nena 13 años que fue violada por su hermanastro. Califican el protocolo del Ministerio de Salud como un “manual de salvajadas inhumanas”. Ambos jueces habían sido apartados de la causa de Luz Aimée Díaz, de quién se referían como una persona con “inclinación objetivamente desordenada”. Esto deja en evidencia la falta de perspectiva de género que tiene la justicia argentina y que aún queda mucho por andar para vehiculizar la ley Micaela.
Luis María Rizzi y Javier Anzoátegui son jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la ciudad de Buenos Aires. En Marzo de este año fueron apartados de la causa de Luz Aimée Díaz por machistas y transfóbicos. Por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal se decidió el apartamiento de los mismos por no aplicar la perspectiva de género y el respeto a su identidad de género. En el año 2018, dictaron un fallo medieval que beneficiaba a un abusador en un caso de violaciones a dos adolescentes.
Foto: Página 12
El día de ayer se dio a conocer un fallo que protagonizan. Denuncian a lxs medicxs que garantizaron la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) a una niña que fue víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro. Los jueces calificaron a estos como “sicarios” y “asesinos a sueldo”.
En su cuestionamiento a la ILE, la denominan como un “manual de salvajadas inhumanas”, e hicieron referencia a los métodos de tortura de la mafia o a los rituales de tribus antropófagas. Anzoátegui cuestiona la expresión “Interrupción legal del embarazo” y comentó: “La niña fue llevada a un hospital público para que estos médicos mataran a su hijo”.
“El mundo moderno, la ideología dominante y los poderosos de la tierra promueven el homicidio prenatal como un modo de reconocer el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo” explicó Anzoátegui.
El fallo de la causa fue el 24 de septiembre pero recién se conoció ahora. El mismo fue firmado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 por el juez Alejandro Sañudo. Se decidió condenar al acusado de treinta años por una pena de treinta y cinco años de prisión, por homicidio simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal de una menor de 13 años, mediante violencia y amenazas, y agravado por haber sido cometido por un hermano y con armas, y reiterado.
En el voto del juez Sañudo planteó: “la última vez fue en la casa de él, y que esa última vez, al contarle que se había quedado embarazada, él le dijo que se encontraban en la plaza 'para poder sacárselo', y ahí le agarró miedo porque le dijo que apagara el celular y no le dijera nada a su madre, que saliera de su casa encapuchada. Que fue entonces que le agarró miedo, no pudo aguantar, pensando lo que iba a sufrir su madre y fue allí que le contó a su tía”. Ese mismo día ella fue trasladada a un hospital porteño donde la asistieron y le garantizaron la ILE.
El juez Anzoátegui decidió en su voto hacer un “excursus acerca de la muerte de una niña”, en donde se expandió aseverando que: “diversos agentes estatales han colaborado, directa o indirectamente, con la comisión de un delito de similar o mayor gravedad que los crímenes que le merecieron al acusado treinta y cinco años de prisión”. Por otra parte, el juez Rizzi adhirió sin dudar a su voto.
Ambos son miembros de un grupo integrista católico de Bella Vista. Anzoátegui es hijo de un juez afín a la dictadura. La historia se cuenta sola. Ahora lo que sigue es erradicar estas nociones medievales de los poderes jurídicos del país y vehiculizar cuanto antes la Ley Micaela.
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