Cacerolazos y protestas se han registrado en los últimos días en todo el territorio chileno por la aprobación de una ley que prevé que jubilados y pensionados puedan retirar el 10% de sus ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En medio de una férrea oposición del oficialismo y los partidos de la derecha, la medida se abrió paso con el 80% del respaldo popular y con el fantasma del Estallido del pasado octubre acechando al gobierno de Sebastián Piñera
La Federación Regionalista Verde y Social junto a otras organizaciones de izquierda como el Partido Comunista de Chile presentaron en el Congreso del país hermano, un proyecto que fue finalmente aprobado para que los jubilados y pensionados puedan retirar el 10% de sus ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las privatizadas cajas de jubilados.
En medio de fuertes cruces y tensiones entre oposición y oficialismo, el proyecto prevé que esos fondos puedan permitir a los contribuyentes paliar los efectos de la debacle económica y social derivada de la pandemia mundial de Coronavirus. Así fue que Jaime Mulaet, uno de los impulsores del proyecto denunció ante el Ministerio Público haber recibido amenazas de muerte vía correo electrónico, firmadas por el grupo de extrema derecha Patria Libertad.
Durante el tratamiento del proyecto se han registrado protestas y cacerolazos en numerosos puntos del territorio chileno, que viene siendo severamente golpeado por la pandemia contando 321.205 contagios y 7.186 muertes. Asimismo el país hermano acusa un cuadro de desigualdad estructural que precipitó el Estallido Social desde octubre del año pasado y que abrió un proceso para una nueva constitución que reconozca e incluya reclamos como el fin de las AFP, la nacionalización de recursos naturales, el fin de la megaminería, el reconocimiento y devolución de territorios ancestrales y pueblos originarios entre muchos otros.
El fantasma de la revuelta del mes octubre pasado flota sobre el gobierno del pinochetista Sebastián Piñera quien se ha opuesto fervientemente al proyecto que, paradójicamente, fue finalmente aprobado con el voto de un diputado de su misma coalición Chile Vamos, el legislador Jorge Durán, quien manifestó que "no estaba haciéndole un favor a la izquierda", sino que quería "dar más opciones a la personas que pasan hambre".
Luego del aumento otorgado a la UBA, exigen que lo mismo para el resto de las 60 universidades. Mientras tanto, la UCR busca sacar provecho de la crisis universitaria para posicionarse y rosquea votos para la Ley Bases.
Esta mañana, la Asociación de Trabajadores del Estado concentró frente a la institución a la que consideran la "usina ideológica" del Gobierno Nacional y también del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Debido al desfinanciamiento de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei, las obras que garantizaban mejores condiciones de vida en los barrios populares se encuentran desfinanciadas.
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