CONADU y ADIUC declararon una nueva suspensión de actividades a nivel nacional con paro del 27 al 2 de mayo. El sábado 25, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal II dispuso la suspensión de la ejecución de la medida cautelar que determina que el gobierno debe cumplir en forma efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario. Gobiernan por escritorio.

Diez atrás, el 16 de abril, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795/2025) y avanzar en la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y programas de investigación. La decisión judicial fue presentada por el Tribunal a cargo de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán.

El inicio de las actividades en las diferentes facultades del país fue intermitente, convirtiéndose la cursada en una constante incertidumbre para las y los estudiantes, y, volviéndose un fastidio para el propio gremio docente el tener que estar a la espera del pago de una deuda que viene acumulándose desde hace seis meses, cuando se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario (27.795/2025).

La pérdida del valor adquisitivo ronda el 50%, lo que sumado a un incremento de precios por una inflación que no baja del 3%, complica aún más la continuidad de la regularidad del sistema universitario. Según las fuentes a las que accedió Tiempo Argentino, el Ministerio de Capital Humano planea ofrecer un número muy por debajo de lo acordado por Ley: 25% sin retroactivo, es decir sin adecuarse a la inflación.

“La zanahoria parece demasiado chica para las necesidades de los docentes, quienes argumentan que sus salarios perdieron casi un 50% de poder adquisitivo desde fines de 2023. Las dos federaciones más grandes a nivel nacional, Conadu Histórica y Conadu, mantienen su posición de recomposición total y en ese sentido exigen el cumplimiento de la ley votada por el Congreso nacional, vetada por Milei y vuelta a aprobar en el Parlamento”, describe Miguel Carrasco.

La próxima marcha federal universitaria está prevista para el próximo martes 12 de mayo, desde el Gobierno temen que la caída de la imagen del presidente impacte de lleno sobre la campaña presidencial que no termina de poner primera, debido a las causas de corrupción por sobreprecios y coimas de varios de sus representantes, sumada a la morosidad de pagos en PAMI, Emergencia en Discapacidad y ahora la suspensión del financiamiento universitario.

La conclusión: el superávit está siendo posible por la retención de los fondos públicos de jubilación, educación y salud.

“Se está quedando sin margen legal para seguir incumpliendo la normativa que conquistamos en la calle, y cuya aplicación permitiría comenzar a revertir la emergencia salarial y presupuestaria”, describe el informe de ADIUC.

Fotografía de portada: Tomás Cruz