Hoy miércoles 22, 12:30h, en Plaza San Martín (Córdoba) y a las afuera del Congreso, el sector de discapacidad que nuclea familiares, transportistas y trabajadores de la salud, harán paro y abandono de actividades en reclamo por la morosidad de 5 meses de pago, estipulado por la Ley de Emergencia en Discapacidad, la deuda de $2.500 millones del programa Incluir Salud y la reforma de la vigente ley a ser votada el próximo.

Dentro del proyecto que ya se dio dictamen para que pase a votación en el Senado, pretende desmantelar el nomenclador nacional que establece una paridad sobre los precios de obras sociales y prepagas, en caso de modificarse cada entidad podrá fijar el precio sin ningún margen de regulación de cuánto se le pagará a cada prestador de servicio, sea transportista, médico, acompañante terapéutico y el regreso a la pensión por invalidez, la cual establece que para acceder al subsidio, la persona no debe contar con trabajo. En un mismo movimiento incapacita y estigmatiza a todo aquel que no es "funcional" para el mercado.

La Federación Converger, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), la Mesa de Trabajo de Discapacidad y Derechos Humanos y la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis) plantean que "a pesar de las promesas y mentiras, siguen sin abonar ningún arancel de Incluir Salud desde diciembre", que los aranceles continúan un 40% por debajo de lo que dicta la ley de Emergencia y que en este marco el Gobierno Nacional amenaza con un proyecto de Ley que criminaliza a las personas con discapacidad y las organizaciones.

A su vez, jubiladas y jubilados estarán acompañando y exigiendo por la actualización de la mínima que, sumado al bono de $70.000, está en $450.000, cuando la canasta básica de un adulto mayor ronda el $1.800.000.

Organizaciones ambientalistas también se sumarán para pedir por la revocación de la reforma de Ley de Glaciares aprobada 15 días atrás en el senado. Bajo la consigna “El agua vale más que todo”, organizaciones, asambleas y comunidades denuncian que los cambios a la Ley de Glaciares impulsados a nivel nacional podrían habilitar actividades extractivas en zonas protegidas, debilitando controles ambientales y poniendo en riesgo reservas estratégicas de agua dulce. También advierten sobre el avance de intereses corporativos, en un contexto donde el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) busca incentivar proyectos que impactan directamente sobre cuencas hídricas.