Mañana 7 de abril, organizaciones sociales, trabajadores de la economía popular, cooperativas movilizarán en conjunto por la eliminación del programa “Volver al Trabajo” que desvincularía a 950.000 personas del sector informal. El ex “Salario Social Complementario” quedó congelado en $78.000, su eliminación representaría el 0,1% del PBI. Del ingreso complementario a vouchers.

La eliminación implicaría un ajuste directo de $72 mil millones mensuales, más otros $90 mil millones por el desenganche del salario mínimo. Según las organizaciones, se trata de unos USD 1.500 millones que el Estado destinará a financiar cursos de capacitación dictados por empresas privadas, “sin garantizar contrataciones posteriores”.

Desde las organizaciones sospechan sobre la implementación del nuevo sistema de vouchers, ya que no creen que el Ministerio de Capital Humano, junto a las empresas que “prestan servicio”, capaciten y contraten a más de un millón de personas.

Para el trabajador de la Cooperativa 12 de Septiembre y parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Córdoba), Javier Montalvo, Nación pretende deslegitimar la promoción de la economía popular al decir que sólo se eliminan planes sociales, en lugar de reconocer que hay cierto tipos de trabajos que el propio mercado formal no los considera redituables, aunque todos mantengan algún tipo de cuidado para terceros: recolectores de residuos, comedores comunitarios, empleo doméstico, contención de chicos en clubes de barrios, agricultura familiar.

“Al eliminarlo no se está quitando un beneficio, sino que se está recortando el ingreso de sectores vulnerables”, comenta Javier.

El proceso de recesión económica, desindustrialización y endeudamiento en el que se encuentra el país, resultó en 300.000 despidos y alrededor de 25.000 fábricas cerradas, por lo que la informalidad resulta la única alternativa. Lo que fue un sueldo complementario, pasó a ser un ingreso que al menos permitía continuar pagando la luz, el agua y el gas. Un millón de personas sin ese ingreso, significan millones de familiar que trabajan sin remuneración.

“Mientras se plantea un ordenamiento “macroeconómico” como lo llaman, en los barrios populares vivimos otra cosa, los ingresos no alcanzan, los alimentos son cada vez más caros, el recorte en políticas básicas como el envío de alimentos para los comedores. La combinación: menos ingresos, menos comida no ordena a la sociedad, todo lo contrario, nos tensiona cada vez más”, continúa Javier.

La preocupación en los barrios es de quiénes empiezan a llenar el vacío cuando el Estado se retira de los lugares y espacios alejados del centro: actividades económicas ilegales, apuestas online y pedido de créditos en billeteras virtuales. A su vez, el referente tiene en cuenta que el retiro no es sólo de Nación, sino que la propia provincia también desatendió o decidió hacer caso omiso sobre la posibilidad de crecimiento del sector de la economía popular, en lugar de dejar congelado un ingreso de $78.000. De la precarización a la indigencia.

“No pareciera haber una estrategia clara de integración real con derechos, estabilidad y herramientas adecuadas. Se configura un escenario complejo: el Estado se retira, la provincia no genera alternativas de escala y los trabajadores quedan en el medio; las cooperativas que podrían ser una parte de la solución no están siendo incorporadas de manera sostenida en las políticas productivas y es un problema”, cuestiona Javier.

Por último, el trabajador de la Cooperativa 12 de Septiembre sostendrá que la discusión no debería ser “planes sociales sí o no”, más es qué modelo de país se está terminando de gestar y cuáles serán los efectos a largo plazo que traerá para una población que compra alimento en cuotas y de un gobierno que festeja sacar a 4 millones de personas de la pobreza, mientras los resultados de desfinanciar las políticas públicas en sectores populares, muestran mayor precariedad y desamparo.

“Se está construyendo una respuesta colectiva entre organizaciones sociales, sindicatos, la iglesia, el 7 va a haber una expresión en las calles como parte de un proceso de organización más amplio que busca poner en agenda la problemática, lo que está en juego es si como sociedad vamos a seguir negando a millones de trabajadores de la economía popular o si vamos a avanzar en su reconocimiento e integración real de estos trabajadores”, concluye.

Fotografía de portada: Julio Pereyra