El pasado 12 de marzo, la Asamblea de Trabajadores en Discapacidad, Federación Converge, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y la Cadena de Prestadores en Discapacidad, lanzaron un comunicado donde describen que el Gobierno Nacional cortó la cadena de pagos y continúa sin bajar fondos para la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad aprobada por la 2/3 partes del Congreso, en septiembre de 2025.

“Con gran angustia y preocupación queremos comunicar que las personas con discapacidad, las familias, los profesionales y las instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad de todo el país seguimos atravesando una grave crisis que a pesar de contar con la Ley de Emergencia, se continúa profundizando, poniendo en riesgo la continuidad de los espacios y servicios y, por ende, la posibilidad de que las personas con discapacidad reciban la atención que necesitan”, describen en el comunicado.

En febrero, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (LEND) a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

La medida, firmada por Javier Milei, responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.

Sin embargo, el decreto, rubricado por Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa legal. El texto sostiene: “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”.

Por su parte desde las organismos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y trabajadores de la salud integral, solicitan que se cumpla en lo inmediato la LEND, ante el estado crítico del sistema público, debido a que “los aumentos en los aranceles otorgados por el gobierno resultan absolutamente insuficientes para sostener el funcionamiento de los servicios, cubrir los costos operativos y garantizar la continuidad de la atención. Y no respetan lo establecido en el texto y espíritu de la ley de emergencia”.

A su vez, el decreto aprobado en febrero de 2026, “establece procedimientos parciales y plazos que se pondrían en marcha para aplicar la ley, sin embargo no se reglamentaron los incisos destinados a “disponer el financiamiento adecuado y sostenible” para las pensiones, para los servicios prestacionales y para las políticas de fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

Aunque lo más preocupante fue la Resolución 1/2026 del Ministerio de Salud que establece normas y procedimientos regresivos para el proceso de conversión de las pensiones no contributivas a la Pensión por Discapacidad para Protección Social, entre ellos, solicitar pedidos de auditorias y documentación como el C.U.D, cuando el propio Estado “no cuenta con capacidad operativa para procesar la renovación en todo el país”.

Por si no fuera poco, en diciembre se realizó un corte general en la cadena de pagos por parte de las obras sociales y prestadores sociales (PAMI, Incluir Salud), atrasando el ingreso de miles de trabajadores registrados en el sistema. La medida por consenso general es realizar un cese de actividades, mañana miércoles 18 y el jueves 19.

“Si como sociedad permitimos que se pierda lo más preciado —los derechos y la dignidad de las personas—, entonces debemos preguntarnos con preocupación: ¿Qué nos queda?”, concluye el comunicado.

Fotografía de portada: Julio Pereyra