Desde las últimas elecciones en octubre, que dejó a Provincias Unidas rascando algunas bancas, el gobernador, Martín Llaryora, reordenó el tablero a una agenda marcada por Nación, la cual no es más que recortes, déficit y desatención en ambiente y desarrollo humano, carteras que el gobernador redujo a secretarias, dejando a Siciliano como el alfil a cargo.
Más que una partida de ajedrez, la relación entre el Panal y la Rosada parece una coreografía de realpolitik: un acuerdo tácito sobre cuándo es permitido 'mojarle la oreja' al oponente y cuándo es necesario votar en sintonía para sostener la estructura del ajuste.

Meses atrás, legisladores afines al PJ cordobés votaron en contra del ajuste en jubilaciones y el veto a la emergencia en salud y financiamiento universitario; estos últimos 15 días, la legislatura provincial ajusto en la caja previsional y salud con una retención del 27% para trabajadores estatales.

No es tan sencillo de marcar para que lado juega el gobernador cordobés. No es el punto. Sellar con que es “amigo del presidente” es dejarle la cancha servida. En este momento tiene tres frentes abiertos y una cuenta regresiva a su posible reelección en 2027: el primero es ajustar con la menor cantidad de errores forzados posibles, entendiendo que a principio de año extendió el plazo de deuda hasta 2031; el segundo es buscar un acercamiento con una ciudadanía abandonada su suerte, entre la mugre de la ciudad, la violencia urbana y policial y la deforestación del 98% de su fauna autóctona; y tercero, el riesgo de perder el mando, con una desigual articulación entre Provincia y Nación.

Del primer frente se conformó la creación del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, que quedó en manos de Miguel Siciliano. El mismo, tiene por objetivo “profundizar vínculos con los vecinos en áreas como participación comunitaria y temas sociales, además de intensificar el acompañamiento a instituciones”.

El abogado devenido concejal, secretario y actual ministro de su propia cartera, fue quien durante la sesión de la reforma del sistema previsional, recomendó un "esquema solidario" donde el 60% de pasivos (jubilados y pensionados) recuperen el 82% móvil, reteniendo un porcentaje a los 18.000 jubilados que cobran entre 4 a 14 millones de pesos.

“Hoy la Caja de Jubilaciones tiene un déficit cercano para el 2026 de aproximadamente 820,000 millones de pesos”, afirmó en diálogo con Cadena 3. El siguiente pasó fue pasarle la pelota a Nación: “Si el gobierno nacional enviara los fondos que son nuestros, que son de los cordobeses, no estaríamos teniendo esta discusión”, sostuvo, y recordó que la Provincia logró que la Corte Suprema obligara a la Nación a reconocer la deuda y a realizar pagos parciales.

La medida puede sonar cuantiosa, más no explica porque la retención del 27% recae sobre todo el sector de trabajadores estatales, quienes vienen convocándose de manera ininterrumpida desde hace 4 semanas afuera de la legislatura.

Lo que no entra en agenda se reduce

El fin de año comenzó en octubre. Los lineamientos entre Provincia y Nación son el salvataje de estirar lo más que se pueda un modelo que comenzó en default. Con un presupuesto ajeno, Javier Milei ajustó el modelo de informalidad, precarización y asistencialismo que cimentó Alberto Fernández en 2023. Dos años después, el Gobierno Nacional presentó el Presupuesto 2026. En él: ambiente, salud y ciencia y técnica quedaron casi en cero.

Para un sistema en default lo que queda es poner en riesgo la salud de la ciudadanía para rascar un vuelto. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo pujo a favor de la aprobación de las leyes: 9.684 “declaración de impacto ambiental”, en el cerro San Jorge (Uspallata) y la 9.685 que hace lo mismo con casi 30 proyectos en Malargüe. El “incentivo económico” sería de 600 millones de dólares y “4000 puestos de trabajo”, con una proyección extractivista de 27 años y la posibilidad de contaminar la cuenca del Río Mendoza que abastece al 75% de la población.

Desde hace casi un mes que las y los mendocinos marchan para que se deroguen las leyes y se respete la Ley 7.222 de protección del agua.

En Córdoba, territorio con un 98% de su flora autóctona arrasada, este fin de semana se redujo la cartera de Ambiente y Economía Circular, a cargo de Victoria Flores, pasando a Secretaría General de Educación y Ambiente, que dependerá del Ministerio de Educación, conducido por Horacio Ferreyra. Supuestamente tendrá poder de puja de intereses y de fondos, ya que continuará con “rango ministerial”.

“Quizás nadie lo recuerda, pero la primera medida del gobernador Laryora fue flexibilizar la Ley de Ambiente cordobesa antes de crear con bombos y platillos el Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Es decir, desde el primer minuto de su gobierno se podía entrever que la problemática ambiental era un tema muy menor para su política, siguiendo la tradición política del cordobesismo en los últimos 30 años en la provincia”, comenta Daniel Díaz Romero, editor de Sala de Prensa Ambiental.

Es una paradoja geográfica y política que en la provincia donde las Sierras Grandes funcionan como un 'tanque de agua' natural para el 80% del territorio, sus ciudadanos terminan bebiendo agua de bidón. La abundancia de las vertientes en las alturas se convierte en arsénico en las canillas de la llanura, revelando el fracaso de una gestión hídrica de décadas.

“Todo esto en un contexto político lleno de especulaciones políticas, porque así nació el Ministerio de Ambiente: greenwashing y cotillón ambiental que priorizó hablar de economía circular, cuando tal vez las urgencias ambientales les iban explotando en la cara: la calidad del agua que consumen los cordobeses y las cuencas hídricas, por ejemplo”, continúa Daniel.

Cuando se menciona que lo que no entra en agenda se reduce, es porque en esa “distancia” mediática que pone Llaryora sobre Milei se vislumbra que el descreimiento del presidente sobre el cambio climático, más temprano que tarde, llevó a las provincias a continuar explotando sin miramientos sus recursos para ver de donde sacar plata para pagar bonos de deudas acumulados.

“A sabiendas que no resultará muy simpático para algunos, también hay que hablar de la política de clientelismo ambiental que aplicó esta gestión durante dos años, y que tiene que ver con haber cooptado muchas organizaciones ambientales a través de dádivas, recursos y financiamiento económico”, resalta el periodista.

Aunque no es posible sintetizar la afección ambiental con la que conviven los más de tres millones de cordobeses/as, que se cierre el Ministerio sin siquiera tener en su haber algún tipo de reconocimiento más que las 657 mil hectáreas de bosque nativo deforestadas para la especulación inmobiliaria y de ser una de las más afectadas por ola de calor, habla de la negligencia de un Estado Provincial que está más preocupado por la imagen, que por los daños colaterales de no respetar los estudios de impacto ambiental.

“¿Hacia dónde apunta la estrategia del gobernador para reformar su gabinete? Transparenta lo que el cordobesismo sostiene hace casi tres décadas: un desinterés y un analfabetismo absoluto en cuanto a la incidencia de las cuestiones ambientales en la calidad de vida de los cordobeses”, sintetiza Daniel.

Ordenador liberal-libertario

La cultura, la educación y la economía, dependen de cómo se administre será el resultado de cómo puede verse afectada una población en su conjunto. El 70% cobra menos de un millón de pesos; se cierran 30 empresas por día; 240 mil despidos del sector privado; crecimiento exponencial de crímenes de odio y violencia machista; 92% de trabajadores extenuados. Colapsar el sistema en dos años. Ordenar la macro, romper la micro.

Las decisiones legislativas afectan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía. En la provincia, la reforma del Código de Convivencia -ex código de faltas- tiene como premisa principal reforzar viejos estereotipos en nuevos sujetos: regular la circulación pública por portación de rostro. “Naranjitas” y “limpia vidrios”, vetados de la vía pública.

¿La educación liberal-libertaria es reducir el presupuesto en formación educativa, para educar desde la pena?

Reducir ministerios a secretarías y aglomerarlas en la cartera de Educación y Salud, son pruebas de que, quien maneja la caja, maneja la distribución de los ingresos sin dar informe de cómo y para qué se usan ciertos fondos como lo hicieron Sandra Pettovello o Mario Lugones en Nación. Si la educación liberal-libertaria se da por punitivismo y control social es porque, después de todo, los paradigmas se rigen por consenso de intereses de la mayoría.

Habrá que ver cómo y de qué manera la Unicameral cordobesa negociará la organización social para que no se les desborde, cuando lo único con lo que parecieran contar es con mayor represión ante el déficit económico, cultural y educativo; mientras el ambiente y la salud son la moneda de cambio.

"En consonancia con el mandato del gobierno nacional, 'el rey está desnudo' y queda expuesto con claridad que nada separa las políticas ambientales de Javier Milei y Martín Llaryora", concluye Daniel Díaz Romero.

Fotografía de portada: Martín Llaryora y Miguel Siciliano.