Este domingo, Pablo Grillo cumplió 36 años. El cumpleaños no llega acompañado de normalidad ni festejos; es, en cambio, un recordatorio de todo lo que todavía está en disputa. A casi nueve meses de sobrevivir a un fusilamiento, el fotógrafo continúa en un complejo proceso de rehabilitación.

La familia compartió fotos y un mensaje emotivo en redes, celebrando su vida y su fortaleza, pero también reafirmando un reclamo que se volvió cotidiano: justicia.

Desde el ataque, Pablo atraviesa un proceso médico extenso: siete cirugías craneales en poco más de ocho meses y, después, un camino de rehabilitación que ningún médico anticipa como breve.
En septiembre fue trasladado al Hospital Manuel Rocca para continuar el tratamiento neurológico. Allí logró avances motrices importantes: pudo volver a caminar bajo supervisión y respondió bien a la terapia física. Las mejorías, aunque pequeñas, alentaron a familiares y amigos.

Pero los retrocesos también se hicieron sentir. Problemas en la deglución obligaron a reinstalar una sonda y las evaluaciones neurológicas siguen mostrando secuelas serias. La familia insiste en medir cada progreso con cautela, sin triunfalismos, porque cada paso adelante convive con un cuadro de daño cerebral que no tiene plazos seguros. La recuperación es hoy una carrera de resistencia.

El caso judicial: de la responsabilidad individual a la discusión institucional

En paralelo a la rehabilitación avanza la causa penal. La jueza federal María Servini procesó al cabo Héctor Jesús Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional identificado como autor del disparo que impactó en Pablo. La resolución incluye dos cargos principales: lesiones gravísimas agravadas contra Grillo y cinco hechos de abuso agravado de armas contra otros manifestantes.

El procesamiento se sustenta en un punto determinante: el disparo fue realizado en ángulo horizontal y dirigido hacia una masa de personas, algo expresamente prohibido por manuales, protocolos de uso y la legislación argentina. La jueza entendió que Guerrero actuó fuera de norma, con conocimiento de la peligrosidad del arma y de las consecuencias posibles.

El 28 de octubre se celebró la audiencia de apelación requerida por la defensa de Guerrero. El cabo, representado por Juan Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, busca revertir el procesamiento.
La defensa se centró en tres puntos: negar que Guerrero haya sido el autor del disparo; negar que haya apuntado de forma deliberada hacia los manifestantes; y negar que existan prohibiciones sobre el tipo de cartuchos utilizados.

La querella, representada por el equipo jurídico de la familia y acompañada por organizaciones sociales, periodistas y organismos de derechos humanos, rebatió cada punto con evidencia audiovisual, reconstrucciones periciales y normativa vigente. Un análisis minucioso elaborado por realizadores audiovisuales y físicos forenses —preservado con hash, comprobación de metadata y análisis cuadro por cuadro— permite identificar a Guerrero en los momentos previos y posteriores al impacto.

Las palabras de la familia: justicia sin revancha

En la audiencia, la familia de Pablo tomó la palabra, no lo hizo para pedir venganza, sino para reclamar igualdad ante la ley. La voz más firme fue la de Fabián Grillo, el padre, quien colocó el eje en la asimetría de derechos:

“Que alguien de mi país, a pesar de que haya cometido un delito o un presunto delito, tenga las garantías legales, y la posibilidad de que sea defendido, como en el caso de Cabo Guerrero, yo agradezco que ocurra eso, ¿sí? Cosa que no pasó con mi hijo… él no tuvo la oportunidad de estar defendido, e intentaron ejecutarlo, evidentemente”.

El mensaje es claro: Pablo no tuvo garantías, no tuvo instancia de defensa. La represión estatal no discutió con él, le disparó. Emiliano, su hermano, reforzó la posición:

“Esto no es en contra de la Gendarmería, no es en contra del cabo Guerrero. Nosotros creemos que todo tiene que estar dentro de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nosotros consideramos que la querella lo demostró, de que se actuó por fuera de la ley”.

En un contexto de uso abusivo de la fuerza, la apelación busca evitar que se naturalice lo inaceptable: disparar municiones de gas a la cabeza de un fotógrafo trabajando en una protesta.

El resultado de la audiencia dejó la decisión en manos de los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes deberán confirmar o revocar el procesamiento firmado por Servini. La resolución será clave para definir si el caso avanza hacia juicio oral o si se vuelve a una etapa preliminar.

Mientras tanto, Pablo celebró su cumpleaños rodeado de familia y afectos, encarando una recuperación incierta y dolorosa. Lo que para cualquier ciudadano es un festejo íntimo, para los Grillo es un acto de resistencia: una manera de recordar que está vivo, que sigue peleando y que el Estado debe responder. Cada audiencia, cada informe médico, cada avance y cada recaída forman parte de la misma historia: una herida abierta que la Justicia todavía está obligada a cerrar.