La Academia Nacional de Medicina declaró, a través de un comunicado, que se opone a la homonización en niños y adolescentes trans. El informe no dista diferencia con el discurso del presidente Milei, en Davos y expeditado por boletín oficial, a través del Decreto 62/2025, donde estipuló que “queda prohibido el tratamiento de hormonas y de reasignación de sexo, en menores de 18 años”.

La batalla cultural más desigual de la historia. Aprender como funcionan las instituciones es observar quién designa a quién, desde las “cupulas del poder”. En relación a ello, no quiere decir que el presidente de la Academia, Miguel Podestá, sea afín al gobierno, sino que puede compartir lineamientos políticos, respecto a quiénes acceden al sistema de salud. Un win-win para los presidentes.

El “campo de las ciencias y de la salud” que es básicamente como si disponen las lógicas del poder y los paradigmas que se rigen según los intereses de sus representantes -salud como un derecho o como un negocio- está en continúa disputa. Por lo que, si un presidente da aval para modificar el artículo 11, el cual establece el “derecho al libre desarrollo personal”; y que, en caso de que sea un niño o adolescente, se solicita el consentimiento de sus padres y del juez competente, se puede inferir que, lo que se prohíbe no es la “reasignación de sexo” o la hormonación, más bien, se restringe un derecho.

La institución subrayó que sus definiciones se apoyan en “principios de respeto a la vida y a la naturaleza humana” que guiaron su trayectoria histórica. Además, advirtió que estas prácticas —incluidos los bloqueadores de la pubertad y las terapias hormonales de masculinización o feminización— pueden acarrear consecuencias físicas y psicológicas graves, en muchos casos “irreversibles”.

Si algo caracteriza a las instituciones es que su memoria depende de quien la administre. Si de “principios de respeto a la vida y a la naturaleza humana” se trata, habría que solicitar que la Academia también cuente cuáles son las consideraciones para con los cuerpos intersex, quienes en su mayoría no conocen su propio historial clínico porque son borrados del legajo, sumado a que las intervenciones quirúrgicas se realizan sin el consentimiento del usuarix y de los propios padres, debido a que estás operaciones son en niños y adolescentes.

Asimismo, se escuda bajo la premisa de que estas prácticas constituyen “peligrosas manipulaciones” que parten de “falsos conceptos sobre la identidad de hombres y mujeres”. Como si existieran pruebas fehacientes de conceptos culturales sobre aspectos orgánicos. En criollo: lo que declaran por “hombre” o “mujer” depende más de la genitalidad que de la sexualidad de las personas. Constancia marcada en la propia Ley de Identidad de Género.

Derecho o diagnóstico

Irónicamente, la Academia Nacional de Medicina comparte un aspecto central y constitutivo con la Ley de Identidad de Género y es la conclusión del informe: “la prioridad debe estar puesta en el acompañamiento afectivo, familiar y psicológico, en un marco de atención integral”.

Quizás el “problema” no es el derecho a decidir cómo y de qué manera vivir la sexualidad y el género, sino los embustes institucionales para acceder a un tratamiento donde se respete y reconozca al sujeto como un usuarix más del sistema y no como un diagnóstico clínico.

Respecto a esto último, solo hay que pensar cuántos tratamientos y chequeos se realizan mujeres-cis, la mayoría de las veces intrusivos y sesgados como la proscripción de anticonceptivos, a organismos que no lo necesitan, para comprender que no es un tema de “salud” lo que les molesta, sino más bien cultural, político, económico y de género. Todos contemplados en el proyecto de Ley de Salud Integral Travesti-Trans que continúa cajoneado.