Ayer el Congreso promulgó las leyes: 27.795 de Financiamiento Universitario y la 27.796 de Emergencia en Pediatría. A la par, el presidente lanzó dos decretos: 759/2025 y 760/2025, en los cuales estipula que hasta que la bicameral no justifique la financiación de fondos, quedan suspendidas. Acorde a lo reglamentado en el artículo 5 de la Ley 24.629.

Mismo artículo que usó para decretar -681/2025- la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

De esta manera, ambas leyes están vigentes en lo formal, aunque sin posibilidad de ejecución inmediata, hasta que el Congreso determine las fuentes específicas de financiamiento dentro del Presupuesto 2026.

Las justificaciones por parte del presidente son por el mentado “déficit fiscal” y los gastos que exceden a lo presupuestado, ya que ambas “superarían el billón de pesos”.

En ninguno de los casos mostró de dónde salió tal cálculo, ni tampoco explicó porque en septiembre, trabajadores del Garrahan denunciaron al ministro de Salud, Mario Lugones, por haber intervenido la caja y desviar 44 mil millones de pesos.

La Ley de Emergencia Sanitaria solicita: garantizar el acceso equitativo a servicios de salud infantil, recomponer los salarios del personal sanitario y asegurar el funcionamiento de hospitales públicos, como el Hospital Garrahan.

Mientras que la de financiamiento universitario tiene por objetivo: la actualización bimestral de partidas universitarias según el IPC, la recomposición salarial docente y no docente retroactiva a diciembre de 2023, la incorporación de sumas no remunerativas al básico y la actualización automática de becas.

Ayer y hoy el sector salud y universitario se encuentra con cese de actividades. Desde ADIUC, saldrán a realizar pegatinas en diferentes puntos de la ciudad, además de concentrar en Plaza San Martín, en la 81° ronda de jubiladas/os, junto a trabajadores de la salud, Conicet y de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión.

Fotografía de portada: Julio Pereyra