Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, con más de 31 años de activismo en defensa al acceso al aborto seguro y legal, realizó ayer la presentación, de la muestra fotográfica que se exhibirá durante todo octubre: “Marea Verde – Octubre Rosa: cuerpo, salud, autonomía”, en la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (A.G.E.C.), Dean Funes 266.

La crónica fotográfica recorre diferentes momentos de reclamos y movilización de organizaciones transfeministas en: Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Jujuy, Tucumán, La Pampa.

“La muestra es una reversión de la exposición Marea Verde. Postales feministas del deseo y busca poner en valor la historia, el significado y el conocimiento de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Es también una invitación a hacer memoria y presente de esas luchas que abrieron paso a nuevas libertades y siguen transformando el futuro”, comentan desde Católicas.

Entrevistamos a Ana, coordinadora del Área de Salud de CDD, Argentina, para hablar acerca de las denuncias por las barreras de acceso al aborto.

Barreras de acceso al aborto seguro y legal

Católicas por el Derecho a Decidir organizó el primer encuentro de la Red en 1994, en Uruguay, y se regionalizó en 1996, teniendo sedes en: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Funciona como una organización sin fines de lucro, centrada principalmente en la defensa del derecho a decidir, la erradicación de la violencia-discriminación hacia mujeres-cis y disidencias en el catolicismo y la equidad de género en el ámbito público.
En Argentina, su participación fue parte constitutiva del movimiento Ni Una Menos y del proyecto de ley que posibilitó la legalización del aborto: la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en diciembre de 2020.

La ley quedó suspendida desde la asunción del Gobierno Nacional, al desfinanciar la campaña de prevención, la cual, redujo en un 50% las muertes por abortos en la clandestinidad. A su vez, produjo el desmantelamiento de las políticas públicas en promoción de acceso a la IVE, dejando a usuarias en situaciones de mayor vulnerabilidad al no ser informadas de qué sí y qué no tiene permitido el sistema de salud al momento de responder las consultas.

Según el informe realizado por Amnistía Internacional, casi el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto. Esto no sólo pone en una situación crítica a las usuarias, sino que también vulnera el derecho a la información pública y a la privacidad, al violar el anonimato.

“Esto sí podría dar lugar a que las mujeres duden en si los servicios de salud siguen atendiendo abortos. Porque a la par de eso no hay ninguna comunicación oficial que refuerce la ley que está vigente. También permite y da lugar no solo dentro de los hospitales, sino en general, en la sociedad, a mostrar cierto rechazo a la ley. Desde los equipos de salud peor aún, cuando ponen trabas, obstáculos, producen dilaciones en la atención”, Ana Morillo, coordinadora del Área de Salud de CDD, Argentina.

Asimismo la coordinadora incita e invita a reforzar, una vez más, las campañas que se realizaban de manera autónoma, previo a los acuerdos entre los colectivos nucleados en los transfeminismos y el Estado Nacional.

“Es una realidad que hay que estar muy atenta y para eso lo tenemos que combatir con nuevas, buenas y eficientes campañas de difusión. Más allá de que también hagamos la incidencia sobre los gobiernos provinciales para la compra de medicación, hasta que logremos alguna mediación judicial, que es la que está avanzando en Ciudad de La Plata, en el Juzgado Federal, para que Nación sea haga cargo de la compra de medicación”, continúa.

Decidir salva vidas

Restringir el acceso a interrumpir el embarazo es poner en riesgo la salud de las usuarias, en pos de la objeción de conciencia. Bajo la rúbrica de 'salvar las dos vidas', se desatiende que, detrás de toda decisión, hay un sujeto con derechos. Abortar no es una experiencia grata, por lo que, un sistema integral de salud va más allá de la creencia religiosa u ideología política. Es ética.

Un año atrás, luego de presentado el presupuesto 2025, dónde se redujo en un 75% los gastos destinados a salud pública y con ello a promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, desde Enfant se entrevistó a Sofia Zurbriggen, de 'Socorristas Hilando', para hablar de los riesgos presentes cuando escasea la información. Un año después, la situación no mejoró, empeoró.

Aunque siempre habrá mujeres y disidencias aunándose para contrarrestar el deterioro estructural del sistema, el desgaste y la sobrecarga a la exposición de las tareas continúas de cuidado, hace que la decisión a interrumpir un embarazo se complejice si no hay una Estado Nacional/Provincial que prevea la promoción y prevención de sus ciudadanas/os.

“En Córdoba, el gobierno provincial compra anticonceptivos y medicación para aborto. La municipalidad de Córdoba recibe de la provincia, o sea, no hay faltantes. Lo que hemos recibido ahora es una donación de una organización internacional. En capital hemos recibido una donación de refuerzo, pero la provincia compra medicación para aborto”, concluye Morillo.

Fotografía de portada: Aisha Bittar