Desde la asunción de Mario Lugones (médico del Hospital privado Güemes) como ministro de Salud y de Gabriel Gonzalo Oriolo (ex jerente de OSDE) en la Superintendencia de Servicios de Salud (organismo encargado de controlar prepagas y obras sociales), el sistema de salud en su conjunto fue reestructurado.

La triangulación: Ministerio de Salud, hospitales públicos-privados y obras sociales fue desregulada a principio de año cuando se tomó la decisión de desvincular a los sindicatos. Viéndose perjudicados alrededor de 1.400 millones de afiliados.

El supuesto negocio dejaba 30 mil millones de pesos al mes en ganancias para sindicatos a cargo de las obras sociales. Sin embargo, no se puso en discusión las ganancias del 300% que registraron las prepagas que, para este mes, aumentarán la cuota un 2% por encima de la inflación, teniendo un costo de hasta 350 mil pesos.

Otra de las medidas a favor de la mercantilización de la salud fue el recorte del 40% de empleados en la cartera de atención para personas con VIH, afectando al 65% de la población que accede a su medicación a través del sector público. El nulo presupuesto invertido para estudios, sumado a los pedidos de información pública sobre el stock de comprimidos, la demora de 6 meses y el informe desactualizado, dio cuenta de la poca distribución de fármacos y profilácticos en prevención a ITS.

En la misma línea de salud sexual y reproductiva, también se denunció en más de una ocasión la escases de métodos anticonceptivos para la interrupción del embarazo como el Misoprostol, Mifepristona o Mifekit (fusión de ambas).

La reducción del 30% de la Dirección de Vacunas puso en riesgo el control de enfermedades infecciosas como el sarampión, varicela o paperas, además del brote anticipado de contagios por gripe A, Covid-19 o bronquiolitis por la poca promoción y puntos de vacunación en colegios, dispensarios o postas barriales. Los últimos registros arrojaron que el 60% no tenía la libreta sanitaria al día.

Beneficiarios

En la desregulación los perjudicados son los usuarios, especialmente quienes no producen ningún capital y son considerados un gasto para la gestión libertaria: jubilados, discapacitados, embarazadas o personas con algún tipo de diagnóstico en salud mental.

El lobby farmacéutico no paró de incrementar sus ganancias en detrimento del bolsillo de quienes realizan tareas de cuidados acompañando estás poblaciones

Ejemplo de ello fue el PAMI que recortó la cobertura del 100% de una lista de fármacos esenciales, dejando a millones de jubilados en una situación crítica. A esto, se suma la desregulación de los precios de los medicamentos, como el ibuprofeno que aumentó un 456%; el enalapril para la hipertensión un 233% o la levotiroxina para el hipotiroidismo un 283%, mientras que la jubilación mínima aumentó un 124%, durante el 2024.

Una manera de tomar dimensión sobre la emergencia del sistema, es teniendo en cuenta que el 60% de la población utiliza exclusivamente el sistema público, un 30% depende de obras sociales (sindicales, provinciales o PAMI) y solo el 10% accede a una empresa de medicina privada como OSDE o Swiss Medical.

Para Matías Gallastegui, el objetivo esta puesto en la transferencias de ingresos. Es decir, el dinero que se ahorra en medicamentos, profesionales y hospitales se usa para bajar impuestos a los bienes personales, habilitar un blanqueo de capitales con beneficios desmedidos, reducir impuestos a los autos de lujo y disminuir retenciones a los sectores más concentrados del agro.

“Mientras los más pobres y enfermos quedan desamparados, el capital financiero especulativo goza de condiciones inmejorables para el carry trade”, comenta el periodista.

Consecuencias de la libertad

Argentina es uno de los pocos países del mundo donde su sistema de acceso es mixto, es decir que sus usuarios disponen de diversas opciones para su atención. En el público la atención es gratuita y el Estado se hace cargo de los haberes percibido del trabajador; en las obras sociales hay un acuerdo entre el gremio y el prestador. En el privado la regulación depende de la prepaga y el aporte de sus afiliados.

Desde la pandemia por Covid-19 la migración de un subsistema al otro es notorio. En este último año y medio alrededor del 35% de usuarios, ya sea por imposibilidad de pago o por dejar de contar con obra social, tuvieron que pasarse a la atención pública. A su vez, se estimó que un 15% de profesionales renunciaron a ser prestadores debido a la crisis estructural del sistema sanitario.

La Confederación Médica de la República Argentina (Comra) advirtió esta situación antes del salto en las cuotas de las prepagas de principios de año:

“La salud está quebrada, y se resiente la disponibilidad de profesionales con experiencia, así como que muchos prefieren buscar propuestas de trabajo en el exterior, a causa de los bajos salarios”.

Un sistema fragmentado atendido por becarios

El dos de julio el Ministerio de Salud por Boletín Oficial anunció que a partir de ahora todo postulante a residente, será catalogado como becario. Un cambio de categoría que reforma la competencia y el alcance del cargo.

“El Estado ya no decide, ahora el que decide es el residente. La residencia vuelve a ser lo que tiene que ser: una etapa de formación, no de explotación”, informo el Ministerio.

13 mil personas se postularon para realizar las prácticas de residencia en las 26 jurisdicciones a nivel nacional y provincial, sin saber que iban a tener que optar por dos opciones: Beca Institución o Beca Ministerio.

Según se refleja en la Resolución 2109/2025, la cual excluye cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio, en la Beca Institución, es la entidad quien se hará cargo del monto de la misma sin descuentos con la posibilidad de sumar aportes o bonificaciones adicionales. La ART, el seguro de mala praxis y el seguro de salud también serán cubiertos por la institución sin que eso afecte la financiación.

En cambio en la Beca Ministerio percibirán el pago con el descuento por los aportes previstos en el régimen previsional y serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional. Teniendo en cuenta que, en este caso, la beca es otorgada por la cartera sanitaria nacional: “los residentes no tendrán acceso a los bonos adicionales que otorgue la institución, la cual sí deberá hacerse cargo de cubrir su ART y Seguro por mala praxis”, describe el Boletín.

Es un gran signo de pregunta si en la letra chica no se usaran los fondos correspondiente al aporte jubilatorio para pagar el mínimo a residentes que ya cobraban 60% por debajo de la inflación.

Asimismo, no sería ni la primera, ni la última vez que el Ministro Lugones interviene sobre las reservas de los hospitales, siendo imputado por abuso de autoridad. Ya lo hizo con el Bonaparte y también con el Garrahan, lo que dio como resultado: mayor descentralización, desfinanciamiento, precarización y destrucción salarial.

Estado de interés

El Gobierno Nacional exige mayor eficiencia, eficacia y docilidad a los trabajadores, a la par que anuncia que la nueva resolución no trata sobre empleo público o relación laboral, como si la formación no fuera parte del trabajo en sí mismo.

“No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla”, se lee en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Estado reduce su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

Fotografía de portada: TELAM