El jueves 5 de junio, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, encargado de llevar adelante la investigación de la cripto estafa de $Libra, en la que el presidente argentino estuvo involucrado, declaró a través del Boletín Oficial de la Oficina Anticorrupción (O.A) que el jefe de Estado “difundió”, no promocionó la memecoin y lo hizo en calidad de ciudadano, por lo que no infringió la Ley de Ética Pública.

Según detalla el artículo 1°, Milei: “no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Proyect’, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei”.

Lo que entra en contradicción es que, si bien el presidente no deja de ser un ciudadano, tampoco puede disociarse de sus funciones como el máximo representante del Estado argentino. Asimismo, el ministro Cúneo Libarona, quedó a cargo de dos (Unidad de Tareas de Investigación y O.A) de los tres organismos que supuestamente iniciaron la investigación de quiénes fueron los responsables de la mega estafa internacional a 75 mil inversores, por una suma superior a 280 millones de dólares.

La investigación que no fue

El viernes 14 de febrero a la medianoche, en su cuenta personal de X, el presidente promocionó -difundió, divulgó- la memecoin $Libra. La diferencia entre difundir y promocionar -según el caso- lo marcó el número de contrato de la token (billetera virtual) antes de finalizar el TW. Después de unas horas, decidió borrar la publicación porque “causó ruido”. Comentaría luego a Joni Viale, desde el despacho presidencial, para TN.

Durante la entrevista declaró abiertamente que utilizaría al Ministerio de Justicia para su defensa personal, lo que obligó a Santiago Caputo a interrumpir la grabación. Lo que podría ser un exabrupto fue más una vendimia, un cosecha lo que siembras. A las pocas semanas, el presidente solicita la apertura de la Unidad de Tareas de Investigación (U.T.I) para aportar información a la Oficina Anticorrupción (O.A).

El presidente podrá tener traspiés en cámara, más no deja de estar muy bien rodeado al momento de tener que defenderse -vetar pruebas- de las acusaciones por actos de corrupción, delitos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Una de las primeras pruebas de defensa la dio el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien pasó 6h en la Cámara de Diputados, contestando con cintura y guion todas las preguntas que propinaron las y los diputados de los bloques opositores. Lo que más se repitió durante la rueda fue que era “un negocio entre privados”.

Tal fue y es la tapadera, que el 20 de mayo, luego de casi tres meses de iniciada la U.T.I, el Gobierno dispuso el cierre de la unidad al indicar que la tarea “fue cumplimentada” y la información “fue remitida” al Ministerio Público Fiscal (MPF) que se abstuvo de dar declaraciones. La encargada de llevar a cabo la investigación fue la mano derecha del ministro de Justicia, María Florencia Zicavo.

“El Presidente puede operar desde su cuenta personal, generar un impacto financiero, beneficiar a un entorno privado… y luego decir que no era él actuando como Presidente. Que era 'otro'. El Presidente está disociado. Disocia su responsabilidad institucional de su palabra pública. Disocia sus actos de sus consecuencias. Disocia su investidura de sus deseos. Y la Oficina Anticorrupción no solo lo acepta: lo justifica”, describió en su cuenta de X, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Tratar de tapar el sol con las manos

Mientras el ministro Cúneo Libarona y el presidente de la Nación usan las herramientas del Ministerio de Justicia para acelerar el desvío de la causa $Libra, en Estados Unidos, la justicia congeló US$280 millones de las ganancias generadas por la venta de la moneda no fungible (sin valor de intercambio, ni valor de mercado).

La intervención de la justicia yanqui se debe a que uno de los involucrados dentro del rug pull -inflar una moneda y retirarse al poco tiempo- fue Hayden Davis, quien se nombró como asesor de Javier Milei y fue uno de los impulsores de la web Viva la Libertad Project, página donde se promocionó la token Solana, que contenía la memecoin $Libra.

Desde octubre del año pasado que Davis, junto a Mauricio Novelli (dueño de “NW Professional Traders” donde el presidente daba asesoría en economía digital) y Julian Peh (dueño de Kip Protocol y programador de la web de Viva la Libertad Project y de la token Solana), se reunieron por separado y en conjunto con el presidente en Casa Rosada. Todos fueron nombrados en la declaración del fallo de la jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Así como el presidente Milei trata de esquivar las indagatorias, Davis lo hace por su cuenta. Una de las estrategias era demostrar su inocencia al colaborar con la Justicia Argentina, al pretender transferir los cien millones de dólares a la jueza Servini de Cubría y al fiscal Eduardo Taiano, quienes están a cargo de la investigación del criptogate. La oferta quedó truncada tras el pedido de la justicia yanqui de congelar US$55 millones.

¿Para quién trabaja la justicia argentina?

“Mirá Juan, los polos se invirtieron, el norte es el nuevo sur”, le comenta el Tano a Juan en El Eternauta. La política cambió, las lógicas están patas para arriba. Tienen todo para arrogarse y no dejan de mostrar la hilacha. Sin embargo, ¿para quién trabaja la justicia?

De la especulación nace el interés y con él, los interesados de agarrar una fracción, una tajada, una migaja. Los únicos ganadores del esquema Ponzi fueron el armador de la pirámide y los tres que sostuvieron la base: el presidente y su equipo técnico. El resto confío. No fueron boludos, fueron estafados.

Asimismo, para el Gobierno Nacional, el escándalo en torno a la token $LIBRA es casi un caso cerrado, para tantos otros la confianza sobre las instituciones se mantiene por la convicción de que no todo esta perdido, solo que, hasta nuevo aviso, se mantendrá estático y derruido.