Ayer frente a las veredas de Tribunales Federales se llevó a cabo una nueva actividad de lxs vecinxs de zona sur de Córdoba para recordarle al juez federal Hugo Vaca Narvaja que cada día que pasa, el ambiente y la salud de lxs cordobeses continúan en constante riesgo por la producción ilegal y contaminante de Porta Hnos.
Por Lautaro Manuel para Enfant Terrible Fotos: Julián Andreatta
Ayer miércoles se cumplieron dos años de la llamada ‘’Audiencia por la Vida’’, en la que las vecinas de zona sur de la Ciudad de Córdoba (San Antonio e Inaudi), dieron su testimonio por el Amparo Ambiental presentado a las cámaras de Tribunales Federales N.º 3. En este marco se impulsó una nueva sentada frente a la sede judicial. Nuevamente, en las mismas veredas en las que en aquel entonces se evidenció un hecho histórico, estas mujeres pusieron a vibrar sus cuerdas vocales ‘’dañadas por la angustia’’, como dijo Silvia Cruz, vecina de San Antonio, al momento de tomar la palabra, por la indiferencia del Estado ante sus padecimientos, los de su familia y la comunidad toda.
Expresaron así, lo que es habitar un territorio contaminado y sus consecuencias, nombrando la diversidad de enfermedades y trastornos que sufren sus cuerpos, principalmente en la piel, los ojos y la respiración. Lo que es haber tenido ilusiones en relación a proyectos de vida, cancelados por dejarlo todo e ir a ocupar las calles, o lo que es tener que irse del barrio por indicaciones médicas, ya que hay quienes no aguantarían ni un día más cerca de la planta de Porta. El encuentro nuevamente contó con el apoyo de la comunidad, entre mates, risas, lágrimas y abrazos; canciones, coplitas y una olla popular para alimentar las energías en esta tenaz lucha que lleva casi 8 años. Nuevamente se recordó que el Ambiente y la Salud, no son un negocio.
En la previa del segundo gran paro general contra el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales aliados, el Bloque Piquetero Nacional -conformado por UTEP, Polo Obrero y el FOL- realizó cortes y movilizaciones en 500 puntos del país.
Organizaciones y referentas feministas y de la comunidad LGBT hicieron hincapié en el contexto vigente, donde los discursos de odio se han convertido en política pública por parte del Gobierno Nacional.
Dirigentes sociales se encuentran imputados por participar de una protesta social contra el hambre en Argentina. ATE cuestionó la causa calificándola de “armada” y apuntó al fiscal De Aragón, el juez Fernández López y la Cámara de Comercio.
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