Como era de esperarse, la Legislatura de Córdoba aprobó anoche el proyecto 40.813, enviado por el Poder Ejecutivo provincial, según el cual Córdoba adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado por el Congreso de la Nación como parte de la ley Bases. El proyecto enviado a la Unicameral se sancionó con las modificaciones propuestas por el Gobierno provincial.

En artículo 3 del proyecto fue el que más polémicas suscitó en el recinto, ya que la oposición acusó al Gobierno de arrogarse facultades delegadas a la hora de elegir los beneficiarios del Régimen.

“El Gobierno de Córdoba, a través de los Ministerios y organismos competentes incrementar los beneficios previstos en el RIGI, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo, y, en su caso, disponibilizar las leyes de promoción vigentes, además de otras acciones promocionales que en el futuro pueda crear”, expresa el articulo en cuestión. Además, faculta al Ejecutivo provincial a otorgar dichos beneficios a grandes inversiones no contempladas inicialmente.

Adentro y afuera del recinto, el Gobierno provincial fue banco de críticas. Brenda Austin, legisladora radical, advirtió: “el RIGI de Llaryora busca ser un cheque en blanco con delegación de facultades para determinar quiénes serán los beneficiarios de estos millonarios incentivo. No puede una norma que dará beneficios por 30 años con estabilidad fiscal y normativa quedar en manos de una sola persona”.

Por su parte, las asambleas socioambientales de la provincia, tal como la de Paravachasca, expresaron su enojo con los legisladores y el gobierno: "¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que ellos tienen el poder? ¿Hasta cuando vas a seguir mirando el colapso desde el celular? Gran parte de esta gente voto en contra de la democracia, en contra de la salud, en contra de la educación, en contra de un ambiente sano. voto a favor del RIGI".