Tras 20 años de juicio la Cámara de Apelaciones de Roma ha condenado a cadena perpetua a 24 represores de Chile, Bolivia, Uruguay y Perú por su participación en el Plan Cóndor. La denuncia de un familiar radicada en Roma en 1999 dio inicio a la investigación cuyo fallo en primera instancia fue emitido en 2017, y recurrido por los querellantes por "insuficiente". Entre los condenados está el ex presidente de Perú Morales Bermúdez y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco.

La jueza Agatella Giufridda, presidenta del Tribunal de Apelaciones de Roma condenó a cadena perpetua a 24 represores de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú por su participación en la política de exterminio y desaparición de personas conocido como Plan Cóndor entre 1970 y 1980. Entre los acusados están el ex presidente de facto de Perú entre 1975-80 Francisco Morales Bermúdez y su ex primer ministro Pedro Richter Prada fallecido en 2017.

Entre otros acusados figuran los ex altos mandos chilenos Hernán Ramírez y Rafael Valderrama, el ex canciller de Uruguay Juan Carlos Blanco y el represor Jorge Néstor Troccoli -también uruguayo-. Este último fue el único presente en el juicio ya que reside en libertad en territorio italiano desde 2007. Entre otras acusaciones, la magistrada Giufridda les imputa la desaparición forzada de 23 ciudadanos italianos en el marco de la Operación Cóndor, de la que fueron actores fundamentales. 

En 2017 un primer fallo condenó a 9 de los acusados a cadena perpetua, exonerando a los otros 12. Los abogados querellantes junto a los familiares recurrieron esta sentencia en primera instancia por considerarla insuficiente. "Esta es la sentencia que esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada” declaró a Página 12 María Paz Venturelli.

La investigación inició tras la denuncia de un familiar de desaparecidos radicado en Italia en 1999 poco después de la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, cuyo arresto fue posible gracias a la apelación al principio de Justicia Universal e imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad dispuesto por el magistrado español Baltasar Garzón.