El caso de Loan, el niño de cinco años desaparecido desde el 13 de junio en Corrientes, de quien los fiscales confirmaron ayer que fue captado con fines de explotación (trata), puso en foco la situación de los dispositivos destinados a la lucha contra este tipo de delitos complejos, de fuerte carácter transnacional.
Después de 11 días de la desaparición y de que el caso comenzara a tener alcance nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich publicó ayer un tweet donde muestra haberse reunido con jefe de Inteligencia de la Policía Nacional de Paraguay “para colaborar en la búsqueda de Loan”. “Nuestros países, y especialmente la provincia de Corrientes, tienen un tránsito intenso de personas”, argumentó la funcionaria del PRO.
Actualmente, la lucha contra la trata depende de la órbita del Ministerio de Seguridad, ya que así está establecido por el Decreto 195/2024 firmado por Javier Milei el pasado 26 de febrero. De esta manera, se dispuso que el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, dejaran de estar en la órbita la Jefatura de Gabinetes, y limitó el abordaje a la perspectiva policial-securitaria, degradando su anterior abordaje interministerial.
Asimismo, el día de ayer, José Serbin, ex funcionario del gobierno de Javier Milei y representante de la Fundación Alameda Corrientes, declaró en una entrevista con LN+ que la motosierra también pasó por la dirección contra la trata de personas y la explotación en el NEA, desmantelándola.
“Yo fui funcionario del gobierno hasta marzo pasado. Lamentablemente el gobierno de Milei desmanteló todo el comité de lucha contra la trata con representantes federales en cada provincia. Se ha desmantelado absolutamente todo”, indicó Serbin.
Asimismo, respecto del viaje de Patricia Bullrich al Paraguay, el ex funcionario planteó que es una muestra de haber fallado en haber encontrado a Loan en Argentina: “Si es ir allá a ver si está allá, hay que ir a Brasil, a Bolivia y a Chile también”.
El desguace del Comité que planteó Serbin tuvo un antes y después, en el mes de abril, cuando los 24 representantes a nivel federal del organismo fueron echados. La decisión entonces fue comunicada por Verónica Toller, la actual directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para Protección y Asistencia de las Víctimas.
Según datos oficiales, hasta el año pasado Argentina era uno de los países que lideraba la lucha contra la trata, con 5000 personas rescatadas entre 2020 y 2023, elaborando y ejecutando planes bienales. Sin embargo, con la degradación y vaciamiento de los organismos de los dispositivos de lucha contra la trata y la explotación sexual, eso corre peligro.
El diputado santafesino de Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, planteó que el Gobierno Nacional “abandonó las políticas de prevención (dejando de actualizar las redes sociales oficiales y frenando las campañas de difusión), y de asistencia a víctimas (no más altas en programas, no entrega más viviendas, desmantelamiento de CDR's)”.
“También limitó la persecución de estos delitos, resintiendo la capacidad de inspección del Estado, con el desmantelamiento de áreas en Trabajo y AFIP, el incumplimiento de convenios con UATRE, RENATRE y SENASA, y la falta de articulación con UIF y AFIP para cruzar información”, agregó el legislador nacional.
Por último, Toniolli planteó que debido al desguace evidente, presentaron un pedido de informe a la Cámara de Diputados donde solicitan que se de respuesta a una serie de acciones que están congeladas por parte del Gobierno Nacional. Por ejemplo, se pide explicaciones sobre el motivo de la finalización de reuniones mensuales del Comité y el Consejo de lucha contra la trata; detalles acerca de la continuidad en la articulación con Bolivia; así como de la situación de las víctimas que iban a recibir tablets por parte del ENACOM -también desmantelado- para capacitarse en el “Programa Reparar”.
Si bien Patricia Bullrich construye una imagen heroica en su rol de ministra, lo cierto es que no parece existir un interés ni una estrategia real por combatir este tipo de delitos complejos, ni de asistir a las víctimas. Esto no se evidencia sólo en la improvisación de Bullrich, sino también en la denuncia penal que pesa contra Sandra Pettovello, presentada en los Tribunales de Comodoro Py por Gustavo Vera, exdirector del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Ya por mediados de marzo, Vera había denunciado a Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público -misma denuncia que recayó sobre la funcionaria por el no reparto de alimentos- por no atender a 130 víctimas ubicadas en distintos puntos del país. Debido a la denuncia, Vera, también titular de la Fundación Alameda, fue cesanteado por Patricia Bullrich.
La obsesión del gobierno por reducir los niveles de inflación evidencian que el modelo de la libertad arrasa sin criterio con organismos fundamentales del Estado, hasta incumplir con acuerdos internacionales para combatir un delito que no distingue ideologías. Al parecer la desaparición de Loan viene a chocar en la cara del Gobierno que se autodenomina libertario, pero que por acción (desmantelamiento) u omisión (abandono) parece apoyar delitos de privación y continuar revictimizando.
Foto de portada: Reuters
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