Un buque con bandera británica navegó por aguas juridisccionales argentinas en su trayecto desde las Islas Malvinas al puerto de Punta Arenas, en Chile, esquivando todos los mecanismos nacionales internacionales adecuados. El buque RRS Attenborough, tiene como objetivo tareas científicas y logísticas para las bases inglesas y es insignia de la campaña antártica del Reino Unido.
Actualmente, el decreto nacional 256/2010 establece que toda embarcación o artefacto naval que transite entre los puertos del continente argentino y de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur; o atraviese las aguas jurisdiccionales con estos destinos; deberá solicitar una autorización previa. En este caso, el buque británico no solo incumplió ese paso, sino que permanece registrado en Puerto Stanley, bajo la bandera ilegal de las “Islas Falkland”.
En el año 2016, el Gobierno de Mauricio Macri había impulsado “acuerdo Faradori-Duncan”, a través de los vicecancilleres de Argentina y Gran Bretaña, con el objetivo de “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Ese acuerdo caducó con el recambio de gobierno, por ser considerado una cesión en la disputa por la soberanía de Argentina sobre las islas. Con o sin acuerdos, Gran Bretaña realiza actividades científicas y militares ilegales reactivando la tensión por la ocupación colonial sobre las islas.
Cabe recordar que en Malvinas existe un complejo de bases militares de Gran Bretaña donde el país realiza distintos ejercicios que han sido repudiados de manera repetida por la Cancillería argentina.
En la previa del segundo gran paro general contra el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales aliados, el Bloque Piquetero Nacional -conformado por UTEP, Polo Obrero y el FOL- realizó cortes y movilizaciones en 500 puntos del país.
Organizaciones y referentas feministas y de la comunidad LGBT hicieron hincapié en el contexto vigente, donde los discursos de odio se han convertido en política pública por parte del Gobierno Nacional.
Dirigentes sociales se encuentran imputados por participar de una protesta social contra el hambre en Argentina. ATE cuestionó la causa calificándola de “armada” y apuntó al fiscal De Aragón, el juez Fernández López y la Cámara de Comercio.
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