Un evento importante empezó hoy en Córdoba. Siete policías son juzgados por el asesinato de Isaías Luna, un joven 21 años que el 18 de diciembre de 2020 fue ejecutado con un impacto de bala en su cabeza por Ariel Adavid, oficial de la Policía de Córdoba, en barrio Urca. Además, otros integrantes de fuerza son señalados por encubrimiento y por ayudarlo a montar una supuesta escena de "enfrentamiento".

Las audiencias se realizarán durante toda la semana a partir de las 9 horas en la Cámara 5ª del Crimen, Tribunales II (Fructuoso Rivera 720). Se trata de un juicio oral y público con jurados populares, donde participarán 12 jueces no técnicos, con voto vinculante y por mayoría simple. Quien lleva adelante la investigación es el fiscal Alejandro Marcelo Fenoll.

Adavid será juzgado por exceso en el cumplimiento del deber, junto al suboficial principal Pedro Benja, el cabo primero Jorge Aguirre, el oficial inspector Jonathan Tabares, y el sargento Adrián Carranza, acusados de encubrimiento agravado y falso testimonio.

Isaías, quien era padre de un hijo y se encontraba sin trabajo, habría ingresado junto a otros dos muchachos en una vivienda para realizar un robo, cuando los efectivos llegaron al lugar tras recibir la denuncia de un vecino. Luego de que Adavid disparara contra Luna, Carranza buscó un patrullero para ir hasta su casa y tomar un revólver calibre 38 y plantarlo en su mano derecha, aunque, el joven era zurdo. Mientras tanto, llegarían el oficial principal Sebastián Raúl del Valle Colella, como Supervisor de Compañía en el CAP 10 -acusado de falso testimonio agravado- y el comisario Fernando José Navarro, Superior de Turno del Distrito 10.

Desde la organización Frente Antirrepresivo en Lucha (F.A.L.) explican que el caso de Isaías “es la clara demostración de un accionar sistemático”, ya que a Isaías “le dispararon por la espalda y desarmado, no llamaron a emergencias, le plantaron un arma en la mano derecha siendo que Isaías era zurdo”. A su vez, remarcan que el caso tuvo repercusiones en las altas esferas políticas y “la jefa de Policía Liliana Zárate Belletti y el entonces ministro de Seguridad Alfonso Mosquera salieron a felicitar de inmediato el accionar de Adavid”.

En diálogo con Enfant Terrible, integrantes de FAL argumentaron que la función de los encubrimientos tiene que ver con proteger la institución, “como que la institución no se mancha”, dijeron. “En este caso, el oficial Carranza se subió al patrullero para buscar un revólver en su casa, volvió y estacionó el auto sabiendo dónde estacionar para que las cámaras no lo vean”, agregaron.

“El gatillo fácil no es sólo un disparo, son un conjunto de elementos provistos por el Estado para matar, para encubrir y garantizar la impunidad. Es la Policía, el Poder Judicial, el ministro de Derechos Humanos e incluso instituciones de salud”.

Por último, sostuvieron que existe un paso mayor de encubrimiento hacia dentro de la institución, en particular mientras ocurren los procesos judiciales: “Suele pasar mucho que a los policías los ascienden. El mismo Tabares ya había participado en otros dos casos de violencia y hasta un homicidio, ¿Por qué los ascienden si matan?”, se preguntaron. “En el peor de los casos los mandan a otra jurisdicción” agregaron.

De darse una sentencia que condene las acciones de asesinato y encubrimiento, marcaría un antecedente clave para enviar un mensaje al resto de los funcionarios que, bajo protección política e institucional, hacen del uniforme una armadura de impunidad para asesinar y mentir. Pero también, serviría para otras familias que buscan justicia y se han encontrado con las mismas trampas sistemáticas que la Policía, el Gobierno y el Poder Judicial tienen a mano.