La crisis política en Perú se agrava por momentos. Tras la detención de Pedro Castillo, la presidenta interina Dina Boluarte resolvió adelantar las elecciones para el próximo abril de 2024 -lo que acorta de hecho el mandato constitucional de Castillo en dos años-, y declaró el estado de excepción en "los territorios más conflictivos". Por el momento se registraron seis personas fallecidas debido a la represión estatal, aunque el número podría ser mayor.

Como respuesta a la iniciativa, los movimientos sociales, indígenas, agrarios y sindicales impulsaron un paro indefinido con bloqueos de carretera en la región Ica y Arequipa en donde los manifestantes tomaron el aeropuerto y la megaempresa Gloria.

Hubo fuertes protestas en Cusco, Apurimac, Puno, Ayacucho, Andahuaylas en donde hubo 20 heridos y varios policías fueron retenido por los manifestantes, que exigen la libertad de Pedro Castillo y la disolución del Congreso, que permita convocar a una Asamblea Constituyente

Como respuesta a la crisis política peruana, los presidentes de Argentina, Colombia, México y Bolivia firmaron un documento en común donde señalan que el gobierno de Castillo ha sido "víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Costa Rica”.