Cinco personas han muerto y se registran al menos 75 heridos por arma de fuego en varias ciudades de la República Islámica de Irán debido a la ola de protestas que sacude el país. Tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amina, fallecida tras ser detenida por la Policía de la Moralidad por no llevar correctamente el velo islámico, centenares de mujeres iraníes han salido a las calles a protestar contra el uso obligatorio del hiyab.
La joven Mahsa Amina, oriunda de la región kurda de Irán, fue detenida la semana pasada por efectivos de la Policía de la Moralidad, fuerza encargada de vigilar que las mujeres usen el velo islámico en público. Tras ser detenida y golpeada, Amina pasó tres días en coma y finalmente falleció, lo que despertó una ola de indignación y protestas que recorren todo Irán.
El comandante de la Policía de la Moralidad, Sardar Hosein Radimi negó las acusaciones de tortura que le atribuyen los familiares de Amina y declaró que la joven de 22 años tenía "problemas previos".
Tras la muerte de la joven kurda, las redes se convirtieron en el primer terreno de denuncia con el hastag #MashaAnimi, que alcanzó dos millones de menciones y donde numerosas mujeres iraníes desafiaron la Sharia y se grabaron cortándose el cabello y quitándose el velo. Rápidamente las redes dieron lugar a las primeras convocatorias y en las últimas 24 horas se han registrado movilizaciones en Teherán y en la ciudad santa de Mashad, según informó la agencia Fars.
En la tarde de ayer, una marcha de 500 mujeres fue violentamente dispersada por la Policía de Teherán dejando más de 75 personas heridas por arma de fuego y cuatro muertos, lo que eleva la cifra a cinco fallecidos a causa de las protestas que hace tres días sacuden la República Islámica de Irán, según indicó la agencia Tasnim.
En la previa del segundo gran paro general contra el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales aliados, el Bloque Piquetero Nacional -conformado por UTEP, Polo Obrero y el FOL- realizó cortes y movilizaciones en 500 puntos del país.
Organizaciones y referentas feministas y de la comunidad LGBT hicieron hincapié en el contexto vigente, donde los discursos de odio se han convertido en política pública por parte del Gobierno Nacional.
Dirigentes sociales se encuentran imputados por participar de una protesta social contra el hambre en Argentina. ATE cuestionó la causa calificándola de “armada” y apuntó al fiscal De Aragón, el juez Fernández López y la Cámara de Comercio.
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