La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) viene realizando una serie de reclamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba a cargo de Julián López, para que sean escuchadas las demandas laborales del sector que trabaja en la Secretaría Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia (SeNAF) que tiene como responsable a Georgina Tavella.
En el marco de medidas que impulsan, el pasado jueves movilizaron a la sede de la cartera de López (General Alvear 150). Desde el sindicato destacaron que, dos días después de anunciar la concentración, reincorporaron a Jésica Rojas, trabajadora monotributista que había sido despedida hace un mes sin motivos, incrementaron un 30% los monotributos de las socioeducadoras -a confirmarse si se pagan de hecho- y por primera vez en 7 años les asignaron ART (aseguradoras de riesgos del trabajo).
En concreto, los reclamos específicos son los pase a planta permanente, el fin de la persecución sindical, descongelamiento del adicional de -mal llamado- minoridad (hoy en 488 pesos), jubilación a los 50 años con 25 de aportes (tal como en SeNAF Provincia de Buenos Aires) y la definición de una estructura orgánica para el desempeño de funciones en los centros socioeducativos y demás áreas de SeNAF.
Por otro lado, la legisladora por Izquierda Socialista-FITU Noelia Agüero se acercó para acompañar el reclamo y realizar una presentación ante Julián López por la permanencia en el puesto de trabajo de una persona imputada y condenada por la muerte de un joven en 2015. "Nos parece algo sumamente grave, desde la banca ya habíamos realizado un pedido de informes en la Legislatura, lo expusimos también en una visita del ministro y de la secretaria de SeNAF Tavella, sin tener respuestas satisfactorias. El pedido entonces es para tener una pronta respuesta exponiendo el tema y en vistas de no tener una respuesta satisfactoria haríamos la presentación correspondiente a la Justicia".
ATE viene denunciando que la SeNAF tiene una actitud antisindical frente a los intentos de trabajadores, en su mayoría mujeres, de organizarse por condiciones dignas de trabajo, que a su vez puedan traducirse en mejores servicios para la población cordobesa, en este caso menores de edad.
En diálogo con Humberto Cabral, delegado de ATE en la SeNAF y trabajador de la Línea 102, explicó a Enfant Terrible que se encuentran "en un estado proscripción", ya que "no se permite que hagamos ningún tipo de actividad, no se nos ha permitido el ingreso al Complejo Esperanza para realizar asambleas".
La maraña de problemáticas de las que deben hacerse cargo entre las 15 instituciones a cargo de SeNAF en Córdoba, como el caso de Complejo Esperanza, terminan siendo una trituradora de derechos humanos y sociales. En la línea de la persecución que describe Humberto, una de las trabajadoras de dicha institución, Irina Silberman, trabaja como socio educadora y se encuentra bajo la categoría de monotributista al igual que otras 20 trabajadoras, motivo por el cual las autoridades del organismo le impugnaron su cargo como delegada de ATE "bajo el argumento de que no soy trabajadora del Estado".
Un paradigma general que se plantea, es que SeNAF se desprende de Nación, pero después cada provincia tiene la autonomía para crear particularidades sobre ese paradigma general. La particularidad en Córdoba es la Ley 9.944, desde donde parten los márgenes de movilidad en el trabajo y la protección y promoción de los derechos de niñes y adolescentes en ese proceso, sin embargo, lo que se denuncia es que el Gobierno de Córdoba no la implementa. Esto se traduce en la sobrecarga laboral y por ende la explotación y la precarización del sector, haciendo que los dispositivos se vuelvan ineficientes o sean utilizados con discrecionalidad. En este sentido, Humberto explicó cómo esto se aplica en la Línea 102 de atención a situaciones de maltrato infantil:
Otro sector que trabaja en el Complejo Esperanza es que el que está bajo la figura de "guardias". En el imaginario común, podría pensarse que un guardia está encargado de la seguridad y por ende a una figura de policiamiento de menores en este caso. Sin embargo, la informalidad es tal que, ni siquiera los propios trabajadores pueden especificar su labor y de hecho, algunos oponen a cumplir el rol de disciplinar, cuestionando las políticas avasallantes que se están implementando en el Complejo.
Uno de los "guardias" afiliado de ATE, Juan, explicó que "no tenemos una identificación laboral, no sabemos qué somos, nos tratan de guardias, de administrativos, de mantenimiento de limpieza, porque uno tiene que hacer todos esos trabajos. Cumplimos funciones de docencia y hasta de tutores. Creemos que estamos capacitados, pero en la institución no incentivan a la capacitación, la hacemos por cuenta propia".
El marco específico para su trabajo es 'contención de menores en conflicto con la ley penal', que también se los enmarca en los llamados 'socioeducadores', una figura que también cuestionan por el fin último que está teniendo Complejo Esperanza:
De esta manera, en Córdoba se violan normativas internacionales teniendo en cuenta la Convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la gran promesa del exgobernador José Manuel de la Sota, con jóvenes en situación de pobreza y marginalidad extrema, dentro de un circuito de exclusión donde el camino termina siendo el delito y por ende el encierro: "Si a los 18 años largan un pibe sin acompañamiento, a los 10 días lo tenés en Bouwer", concluyó Juan.
Esta persecución antisindical en Córdoba también sucede en otros ámbitos del Estado, como lo que denuncian las trabajadoras del Polo de la Mujer, o el reciente cierre del IPAD (Institución Provincial de Adicciones y Drogodependencias), que se enmarca en una política de vulneración de derechos por parte del Estado que mantiene una estructura de ajuste de lo público y por ende de vaciamiento. Se trata de problemáticas que ATE viene denunciando y buscando revertir según los reclamos específicos que tiene cada sector estatal a nivel Provincial en Córdoba.
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