El hecho sucedió en la plaza de Alto Alberdi a la altura de Achával Rodríguez al 1953, mientras el adolescente de 14 años, Luciano Valentín Aranda, jugaba a la pelota con su hermano menor. Este último, de 12 años, también recibió una descarga al tratar de ayudarlo pero no sufrió graves consecuencias lesivas.
Se trata de un nuevo caso de inseguridad eléctrica, ya que el poste estaba en malas condiciones en pleno espacio de actividades públicas.
A su vez, la situación habla de la falta de implementación de la Ley de Seguridad Eléctrica (10.281) de la Provincia de Córdoba sancionada en 2017, que cuenta con un régimen de Seguridad Eléctrica que no se cumple.
En su Artículo 7, la normativa plantea que, desde su vigencia, municipios, comunas o titulares de instalaciones de alumbrado público o señalización existentes, deben adecuar dichas instalaciones a la normativa dictada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) u otras autoridades de aplicación, en el plazo de dos (2) años -contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. De esta manera, y a través de la correspondiente acreditación, se plantea adecuar los servicios para otorgar mayor seguridad eléctrica a la ciudadanía.
Sin embargo, según la fundación en Córdoba, Relevando Peligros:
En una nota enviada a la Legislatura de Córdoba el día de hoy, la misma fundación no sólo critica la prórroga que ha sido implementada sobre la normativa en 2019, sino también a la nueva iniciativa propuesta en este sentido por Oscar Gonzáles (PJ) para los próximos dos años. Según expresan, “este pedido de prórroga es el segundo consecutivo” y “ya han pasado más de seis años de la sanción de la Ley 10.281”.
En este sentido, critican que las sucesivas prórrogas demuestran:
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