A poco de trascender el derrame petrolero en la refinería de La Pampilla, ubicada en la provincia del Callao en el litoral pacífico peruano, las autoridades de Repsol en España no emitieron ningún comunicado hasta pasados 3 días.
Tras negar la existencia del derrame y luego intentar responsabilizar a las bruscas mareas -que existieron y fueron provocadas por la erupción del volcán de Tonga-, finalmente el director de la petrolera española Jaime Fernández-Cuesta admitió que se habían derramado "siete galones de petróleo", aunque en realidad son más de 6000 barriles de crudo los que inundan las playas y costas peruanas.
Durante la tarde de ayer, centenares de pescadores se movilizaron a las puertas de la refinería de La Pampilla para denunciar el ecocidio. Se calcula que casi 1500 pescadores de la zona han quedado sin poder faenar. Según consignan medios locales, exigieron "mano dura contra la petrolera".
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó que fueron afectadas más de 174 hectáreas, equivalentes a unos 270 canchas de fútbol, en la franja de playa-litoral y 118 de superficie en el mar. El presidente Pedro Castillo, calificó el derrame como el "desastre ecológico más preocupante registrado en la costa peruana en los últimos tiempos" .
Este ecocidio se enmarca en medio de un debate abierto a nivel internacional, sobre la necesidad de fomentar una transición energética hacia energías limpias y renovables. La petrolera española Repsol, igual que la estadounidense Chevron o la canadiense Shell, son algunas de las principales empresas que explotan y refinan petróleo en Latinoamérica, y que han participado activamente del lobby político para evitar que se ratifique el Acuerdo de Escazú en los países donde desarrollan sus actividades.
Desde el gobierno de Pedro Castillo han anunciado que multarán a la empresa petrolera con 33,4 millones de dólares, multa que, sin embargo, representa un exiguo porcentaje de las regalías que adquieren con la explotación petrolera.
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