El pasado martes 12/10, cuando se conmemoraban 529 años de la colonización europea, el presidente de Chile Sebastián Piñera, decretó estado de excepción por 15 días y envío de tropas a las provincias Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.
Según Piñera, las tropas son enviadas debido a "graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado". Sin embargo, la medida habla de la incapacidad del Gobierno para resolver el conflicto con las comunidades mapuches que reclaman el respeto y reconocimiento de su territorio ancestral. En este sentido, la Dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos calificó como un"fracaso" que se deba involucrar a las fuerzas armadas para contener los incidentes de violencia que ocurren en el sector.
Por otro lado, representantes de las localidades militarizadas, han criticado tanto la medida como al propio Piñera. Suponen se trata de una maniobra electoral y que busca desviar la atención por el escándalo de los Papeles de Pandora, donde el mandatario figura como responsable de haber vendido en 2010 acciones del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas un paraíso fiscal, evitando así el pago de impuestos. Por este motivo, el Ministerio Público fiscal de Chile ha abierto una investigación en su contra.
Según revelaron las Fuerzas Armadas chilenas, las principales zonas donde operarán, serán las comunas de Contulmo-Cañete y Tirúa (Arauco), Carahue-Imperial y límite con Tirúa y Lumaco (Cautín) y la totalidad de la provincia de Malleco. Solamente en esta última y en Cautín se reforzó con 10 vehículos blindados Hummer y 10 Mowag, para transporte de tropas; para el conjunto de la macro zona sur se reforzó con 3 helicópteros de combate blindados y se aumentaron 900 efectivos a la dotación ya existente.
La zona militarizada es la denominada "Macro Zona Sur". Es aquí donde comunidades y organismos mapuches, viven, comparten y se organizan para la recuperación del territorio ancestral Wall Mapu. A la vez, esta zona es foco de actividades forestales y agrícolas de grandes empresas que llevan a cabo emprendimientos y destruyen la naturaleza, fuente de vida de las comunidades.
En los últimos meses, organizaciones mapuches que integran la Coordinadora Arauco-Malleco han ejecutado sabotajes hacia vehículos y propiedades de las empresas y ha escalado la violencia por parte de Carabineros hacia las comunidades. Estas últimas denuncian secuestros y asesinatos de jóvenes weichafe, como el caso de Pablo Merchant de 26 años, asesinado con un disparo en la cabeza.
Quienes también sufren la escalada represiva son mujeres y niñes. En este sentido, la abogada y constituyente mapuche Natividad Llanquileo, en conversación con Radio UChile, relató que: "una parte importante de la niñez ha crecido en un clima de militarización, en un clima de violencia constante por parte del Estado y que lamentablemente es algo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy".
Por otro lado, en julio de este año la dirigenta mapuche Orfelina Alcaman, fue envestida por un vehículo de fuerzas especiales de Carabineros y posteriormente detenida.
De manera más reciente, el pasado martes, durante la "Movilización por la resistencia Mapuche y la Autonomía de los Pueblos" en Santiago de Chile por los 529 años de la colonización europea, Carabineros desató una represión donde 18 personas fueron heridas, 10 detenidas y terminó muerta Denisse Cortez Saavedra, abogada y referenta mapuche de 43 años que se había acercado hacia un grupo de fuerzas especiales para solicitar el cese de los disparos.
Estos episodios de violencia hacia el Pueblo-Nación mapuche forman parte de la cadena de hechos que estallaron en octubre de 2019 y provocaron una crisis política que desembocó en la Convención Constituyente, organismo presidido por la machi mapuche Elisa Loncón, e integrado por 17 representantes de comunidades originarias.
Mientras tanto, la respuesta de Piñera a las propuestas de diálogo ante las demandas ancestrales, continúa siendo el envío de personal militar pesado.
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