El pasado mes de febrero el fiscal federal Maximiliano Hairabedián solicitó la inmediata elevación a juicio oral y público de la causa donde 27 estudiantes de la UNC fueron procesados por ocupar pacíficamente el Pabellón Argentina, en reclamo de mejores condiciones edilicias y presupuestarias. Asimismo, el fiscal solicitó embargos de hasta 50.000 pesos para los estudiantes.

Ante esta situación la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la UNC y su Consejo Directivo lanzaron una campaña de recogida de adhesiones rechazando este nuevo intento de avance que pretende marcar un precedente para criminalizar tanto a la juventud que se organiza por sus derechos, como a los métodos de protesta colectiva. Más de 500 estudiantes y docentes se han adherido a la exigencia del cese de la causa y llaman a "sumarse como firmante a todes les docentes, estudiantes y no docentes, y compartirlo a otros miembros de la comunidad".

Recordemos que la toma del Pabellón Argentina se inscribe en un proceso histórico a nivel nacional durante los años del macrismo, que desfinanciaba cada vez más al sistema educativo recortando los presupuestos para las universidades y el CONICET, con salarios del personal docente y no docente por debajo de la línea de pobreza, el cierre de instituciones educativas, etc. Aquel clima de descontento marcó el inicio de la resistencia hasta convertirse en una rebelión estudiantil a la que se sumaron también los docentes con 57 universidades paralizadas y 60 edificios públicos tomados en todo el país.

Ahora bien, además de tratarse de un proceso judicial que desconoce dicho proceso histórico y atenta contra las garantías democráticas de reclamar por el complimiento de derechos sociales, la causa presenta ciertas irregularidades, como revelamos en el documental "Pabellón Tomado" realizado por Enfant Terrible en 2018.

El 28 de agosto de 2017, el vicerrector Yanzi Ferreira realizó una presentación en la Justicia Federal sobre los hechos del Pabellón Argentina. Con inusitada velocidad, la Fiscalía la toma como denuncia y empieza la investigación pero, ¿cómo se obtuvieron los nombres, apellidos y documentos de les 27 estudiantes que terminarían procesades? Pues bien, con la denuncia ya escrita, las autoridades de la UNC ofrecieron una mesa de diálogo a algunes delegades de la Asamblea Interfacultades, y les obligaron a firmar un acta con sus datos. El diálogo nunca existió, el compromiso menos, la denuncia sí.

Cuando se solicitó a la justicia desarrollar el proceso bajo las normas del derecho civil el juez justificó su decisión argumentando que las medidas fueron "excesivas", llevando los hechos hacia el Código Penal.

Así las cosas, no sorprende que sea el fiscal federal Maximiliano Hairabedián quien vehiculiza las rabiosas exigencias del Rector Hugo Juri y del Vicerrector de la UNC Pedro Yanzi-Ferreyra (verdaderos motores de la criminalización). Hairabedián presentó el pasado mes de febrero, un pedido de absolución para los ex oficiales del Ejército Carlos Horacio Meira y Arturo Emilio Grandinetti; ambos acusados en la causa Diedrichs/Herrera de secuestrar y desaparecer a militantes populares durante el terrorismo de Estado. Es mas, los calificó de "caballeros".

Si la elevación a juicio se hace efectiva y el sistema judicial hace pasar los derechos a la protesta por delitos, será un revés no sólo para un grupo de estudiantes, sino para la historia de los derechos sociales en nuestro país. Derechos que a día de hoy son cada vez más vulnerados en medio de una pandemia y una crisis mundial generalizada.