Pasaron 17 años desde el crimen que puso fin a la vida y a la lucha que sostuvo Sandra Cabrera. Comprometida con la pelea por el reconocimiento del trabajo sexual y la derogación de códigos de faltas que penalizaban el trabajo sexual, y también con la valentía de denunciar y visibilizar la complicidad policial en las redes de trata. Este último hecho es el que despertó las sucesivas amenazas que sufrió sistemáticamente para frenar su lucha, pero no lo lograron, y de hecho, algunas autoridades de las fuerzas de seguridad fueron desplazadas de sus cargos.

Por el asesinato de Sandra hubo solamente una persona imputada y detenida, Diego Parvlusik, Jefe de la Policía rosarina en ese momento, quien al pasar tres años fue sobreseído y liberado por "falta de pruebas". En noviembre de 2003, la dirigente presentó la situación ante la ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), y luego su denuncia fue derivada a Diego Giuliani, Subsecretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, y al Jefe de Seguridad personal de la Policía de Santa Fe. Seguidamente, le asignaron la custodia policial que sirvió poco, puesto que previo a su asesinato sufrió graves golpizas en su domicilio, y la custodia se le retiró a principios de enero de 2004.

Cada 27 de enero, las trabajadoras sexuales del país realizan actividades y eventos para recordar a Sandra y a su lucha, para mantener viva su memoria y avanzar con sus reivindicaciones, que al día de hoy siguen siendo relegadas. Si bien se realizaron algunos avances para el sector, como la derogación de algunos artículos de los códigos de faltas, y también reconocimiento de sus gremios y visibilidad pública, el trabajo sexual sigue siendo desconocido por el Estado, y este motivo lleva a situaciones de violencia, criminalidad y vulnerabilidad, sumamente evitables. Recordemos que desde el 2020, producto de la pandemia, esta situación se vio agravada.