El argumento de la medida tomada por la jueza a cargo de la feria judicial, del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia, se basa en una supuesta contradicción entre la ley recientemente aprobada en el Senado y la Constitución de Chaco art.15 que establece "el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana". Sin embargo, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es federal, por tanto debe garantizarse en todo el territorio nacional.

La petición fue presentada por un grupo de "pro-vidas", encabezado por Hilda Beatriz Dellamea, integrante de FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), y por el Dr. Fernando Enrique Guirado, quienes apoyándose en la constitución chaqueña, afirman que la ley es inconstitucional y va en contra de tratados internacionales. Por su parte, la jueza Aucar de Trotti consideró que la petición es válida y decidió dictar la cautelar explicando que "si bien pueda existir una presunción de validez ante la Ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma".

Rápidamente, activistas y organizaciones feministas de todo el país se manifestaron en repudio de dicha medida. También Carolina Centeno, subsecretaria de Salud comunitaria, entornos saludables y no violentos del Ministerio de Salud Pública de Chaco, manifestó su preocupación y dijo en su cuenta de Twitter, que si bien el gobierno aún no fue notificado oficialmente seguirán "impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes".

Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijeron que "es escandaloso que un grupo reducido de personas con el aval del Poder Judicial chaqueño pretenda decidir sobre el derecho a elegir de miles de personas gestantes chaqueñas e intente suspender una ley absolutamente constitucional." Además afirmaron que la medida es formalmente inválida "porque no se puede impedir la aplicación de forma general como se pretende, ni intentar sobrepasar la competencia federal".

Días atrás, la estrategia de acudir a la justicia para obturar un derecho por parte los grupos autoproclamados "pro-vida" intentó ser aplicada en Salta, pero fue el juez federal Julio Bravio quien inmediatamente desestimó la petición y la declaró improcedente.

Cabe destacar que rige la ley 27610 ya hubo numerosas solicitudes para interrumpir de manera voluntaria el embarazo. Un día después de que ésta entrara en vigencia, la médica Estefanía Cioffi, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, le recetó misoprostol a la paciente solicitante, en Buenos Aires.