Por Nicolás Pohl

Este jueves 13 de noviembre, dos anuncios casi simultáneos desde Washington marcaron una nueva y alarmante escalada en la presión sobre la soberanía de Argentina y América Latina.

Por un lado, la Casa Blanca celebró un acuerdo de comercio que subordina la economía argentina, con la foto entre el nuevo canciller, Pablo Quirno junto al Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; por otro, el Secretario de Guerra estadounidense amenazó con una operación militar en la región, enmarcada en la retórica de la “guerra contra las drogas”.

Un acuerdo nocivo para Argentina

El comunicado conjunto publicado en el sitio web de la Casa Blanca, bajo una apariencia de cooperación mutua, esboza los términos de una relación profundamente asimétrica.

Lejos de ser un simple tratado de reducción de aranceles, el acuerdo establece concesiones unilaterales por parte de Argentina que comprometen aún más a su debilitada autonomía economía y productiva a niveles que no veíamos tal vez desde el menemismo. Resumimos a continuación, los puntos principales:

• Apertura irrestricta: Argentina se compromete a otorgar “acceso preferencial” a una amplia gama de exportaciones estadounidenses, desde medicamentos y maquinaria hasta vehículos y productos agrícolas. Esto amenaza directamente a industrias nacionales incapaces de competir con los subsidios y la escala de la producción norteamericana.
• Desmantelamiento de herramientas de desarrollo: la eliminación gradual del “impuesto estadístico” (recurso fiscal clave) y la adecuación a normativas de propiedad intelectual estadounidenses representan un desarme de las herramientas que los países como Argentina utilizan para proteger sus economías emergentes.
• Erosión normativa: al aceptar la importación de vehículos que cumplan exclusivamente con las Normas Federales de Seguridad de EE.UU., Argentina abdica de su potestad para legislar según sus propios estándares ambientales y de seguridad.
• Sector cárnico y lácteo: la apertura del mercado de carne bovina, avícola y láctea a la exportación norteamericana no es una mera liberalización. Es una puerta abierta para que los productos subsidiados de EE.UU. inunden el mercado interno, lo que pone en riesgo al sector agroalimentario nacional.
• Economía digital: Argentina reconocerá a EEUU como juridisccion adecuada para la transferencia de datos, y no habrá discriminación para productos o servicios digitales estadounidenses.

Este acuerdo, más que una mera “profundización de la relación”, es el resultado directo de la política del presidente Javier Milei, quien activamente subordina el desarrollo nacional a los intereses de una hegemonía norteamericana que busca, mediante estos mecanismos, consolidar un modelo neocolonial de dependencia sobre el continente completo y especialmente en Argentina.

La amenaza castrense: “Operación Lanza del Sur”

Paralelamente, desde las esferas del poder en Washington se lanzó una clara advertencia militar. Ayer, Peter Hegseth, Secretario del Departamento de Guerra, anunció en la red social X la llamada “Operation Southern Spear” (Operación Lanza del Sur).

La declaración es de elocuencia imperialista: “El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo... nuestro hemisferio [...] el hemisferio occidental es nuestra vecindad”. El uso del arcaico “Departamento de Guerra” (en lugar de “Defensa” ) y la referencia al hemisferio como “vecindad” propia resucita la doctrina Monroe y la visión de América Latina como patio trasero de los Estados Unidos.

Si bien el comunicado no especifica fechas ni lugares exactos, el anuncio no es aislado. Es coordinado con el despliegue en el Mar Caribe del portaaviones más grande de la armada estadounidense, el USS Gerald Ford, coincidiendo con las constantes amenazas de la administración Trump contra el gobierno de Venezuela. Este contexto convierte a la “Operación Lanza del Sur” en una herramienta de intimidación y una potencial excusa para una intervención directa, utilizando la lucha contra el narcotráfico como máscara, una narrativa recurrente para justificar el intervencionismo en la región.