Tras la caída de la ley ómnibus esta semana en el Congreso, el otro instrumento del Gobierno nacional que queda vigente es el Mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” constituido por 366 artículos, que tiene como objetivo avanzar con el plan desregulador de la economía.

El nombre de dicho DNU es muy similar al de la ley ómnibus, la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, porque en realidad son dos caras de la misma moneda. Ambas constituyen reformas en distintos ámbitos fundamentales de la vida económica y fiscal en Argentina, pero también cultural, ambiental, penal, entre otros.

Por ejemplo, algunas de estas modificaciones giran en torno al mundo laboral, y por esto, antes de que el presidente convoque a sesiones extraordinarias en el Congreso, la CGT había presentado una cautelar que fue admitida por la Cámara Nacional del Trabajo, contra la reforma laboral encubierta en el DNU. En este sentido, el capítulo de desregulación de la actividad laboral se encuentra obsoleto por este movimiento.

Pero por otro lado, a pesar de que el DNU se encuentra en vigencia desde el 29 de diciembre, éste debía ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación para que se haga efectivo, tal como sucede con todos los decretos de necesidad y urgencia. Pero esos plazos ya están vencidos, ya que la presentación al Congreso fue realizada el pasado 5 de enero y contaban con 10 días hábiles para iniciar la discusión.

Pasados los días, vencidos los plazos. Nunca se convocó a una Comisión Bicameral. Debido a esto, el DNU ya puede ser debatido en las Cámaras Legislativas y ser aprobado o rechazado por alguna de ellas.

En este marco, el interbloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) viene realizando presentaciones para que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a sesión en la Cámara Alta y se pueda votar la vigencia o el rechazo del decreto 70/23. Pero eso no ha sucedido.

Cabe recordar que el DNU iba a comenzar a tratarse la semana pasada en el Senado, el día jueves 1° de febrero, en medio del debate en Diputados por la ley ómnibus, pero Villarruel no llamó a sesión y aún ni siquiera hay fecha de tratamiento. Es por ello que desde el interbloque de UxP volvieron a insistir esta semana con el llamado urgente a poner fecha y hora.

Por su parte, el ex diputado nacional y representante del partido Unidad Popular, Claudio Lozano, dijo el día de ayer que presentó una denuncia penal contra la vicepresidenta ya que «(Villarruel) obstaculiza el mandato constitucional y de la Ley N° 26122 de tratamiento “inmediato” del DNU», violando la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado.

Según explicó Lozano, la denuncia fue realizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (Abog. Jonatan Baldiviezo), el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos (Inga. María Eva Koutsovitis), Naturaleza de Derechos (Abog. Fernando Cabaleiro) y Unidad Popular Nacional (Economista Claudio Lozano).

A esta altura, puede decirse que tras lo sucedido en Diputados con el retroceso de la ley ómnibus, La Libertad Avanza no quiera exponerse a una nueva derrota, habilitando un debate que termine en la caída del DNU, motivo por el que la vicepresidenta de familia militar esté demorando el solicitado tratamiento. Sin embargo, tarde o temprano sucederá, o de lo contrario continuará acumulando denuncias por la inhabilitación del Congreso.