Con la postpandemia y ahora la guerra en Ucrania, se ha producido una escalada inflacionaria que impacta con agudeza en el poder adquisitivo de las clases empobrecidas y tiene su contraste en que, mientras afecta a una mayoría, favorece a muy reducidos sectores empresariales.

En Argentina, este contexto provocó aumento de los commodities como el aceite de girasol, el maíz y la soja, encontrándose en un alza histórica de los precios, favoreciendo de manera inesperada a la clase agroexportadora. Sobre estos ejes se posicionaron el presidente Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para presentar un proyecto de ley en la Cámara Baja e implementar un impuesto a esta llamada "renta inesperada", que alcanzaría sólo al 3% de las Sociedades de Capital con mayor rentabilidad.

En la vereda del frente, estando en su mejor momento, la clase terrateniente carga con fuego contra el proyecto del oficialismo y, en la misma línea, desde Juntos por el Cambio (JxC) ya adelantaron su rechazo.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández ha remarcado que las políticas de recaudación impositiva inesperada "no es algo sacado de la galera", ya que Italia y Gran Bretaña también implementaron sus propios impuestos. En este sentido, el Fondo Monetario ha respaldado la propuesta del presidente.

Por otro lado, se evidencia cómo los estados llevan a cabo con mayor frecuencia medidas que puedan contener de manera local las crisis globales, sobre todo con la crisis alimentaria, advertida con gravedad por ONU/FAO hace unos días, producto de una combinación de elementos como los ya mencionados, sumado la deuda pública excesiva y la crisis climática que reduce cada vez más la habitabilidad del planeta.