Por Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba

En medio del ajuste y la recesión, los aumentos en los servicios públicos comenzaron a golpear de lleno las economías familiares, comercios y Pymes. A los aumentos en las tarifas eléctricas, se suman los aumentos en el transporte público, las prepagas, los medicamentos, el agua y un anuncio de incremento fuerte en el gas.

El tarifazo es resultado de las decisiones del Gobierno Nacional

Para el caso del servicio eléctrico, en las boletas de abril ya impactan con fuerza los aumentos en la tarifa mayorista, que es el componente de la factura cuyo valor sufrió fuertes incrementos, producto de la devaluación decidida en diciembre por el Ministro de Economía, Luis Caputo (encareciendo la tarifa mayorista que está de hecho dolarizada) y de la quita de subsidios por parte del Estado nacional.

En efecto en febrero, la Secretaría de Energía del Gobierno de Milei decidió un aumento del valor de referencia de la energía, que subió 117%, pasando de $20.460 a $44.401 MWh, aumentando además el valor de la potencia en más de 3000% y del transporte de la energía.

Esto impactó especialmente en los hogares N1 (de altos ingresos) y en los comercios, Pymes e industrias, a quienes se les retiró totalmente el subsidio y pagan no sólo el aumento de la tarifa, sino también el costo total de la misma, lo que se conoce como tarifa plena. 

Pero los fuertes incrementos también se empezarán a sentir en los sectores medios (N3) y bajos (N2), que además sólo tienen mantienen la energía subsidiada hasta los 400 kWh por mes, si se modifica el beneficio, de acuerdo a los lineamientos que la Secretaría de Energía de la Nación dio a conocer en la audiencia pública de febrero pasado, con el objetivo de modificar el esquema de subsidios a los servicios de luz y gas.

El retiro de los subsidios a comercios, industrias y Pymes impacta también de manera desmesurada en instituciones como Clubes de Barrios, Centros Culturales, teatros y en las Universidades Nacionales, que ya afrontan un desfinanciamiento severo por el mantenimiento del presupuesto 2023 sin actualizar, sumándose ahora el encarecimiento de la tarifa de los servicios.

Pymes, comercio e industria, en caída

En los últimos días se conocieron datos de varias entidades del comercio, y la actividad industrial PYME, que ya expresan su preocupación por el impacto de estos aumentos en la electricidad (y el que viene del gas), temiendo que empujen a muchos comerciantes y pequeñas industrias a cerrar sus puertas, ajustar turnos o reducir personal.

En cuanto a la actividad industrial, el propio INDEC relevó una caída del 9,9% interanual para febrero, con bajas en la producción en 15 de los 16 sectores medidos.

Respecto de las ventas minoristas pymes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)  informó que continúa la retracción, a pesar del papelón que protagonizaron tanto el Presidente Milei como el Ministro de Economía, quienes en la última semana no sólo tomaron por válidos los datos de una cuenta falsa de X (ex Twitter), sino que interpretaron falazmente los datos suministrados por CAME, cuyo titular tuvo que salir a aclarar que al contrario de la supuesta recuperación pregonada por el Presidente Milei, las ventas y la actividad seguían retrayéndose.

Así lo expresó la entidad en un comunicado institucional: “Las ventas minoristas pymes siguen en retracción. En marzo, bajaron 12,6% anual frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, y acumulan una caída de 22,1% en el primer trimestre del año. En la comparación mensual, disminuyeron 3,2%”. Y concluyen: “Los comercios están atravesando meses delicados, con pocas ventas y subas de costos. Especialmente en marzo fue notorio el incremento de precios en los servicios públicos.”

La Federación Comercial de Córdoba registró para marzo una caída similar en ventas minoristas, manifestando que “se profundizó la recesión y el ‘parate’ que vive el sector comercial y de servicios”, con una caída en las ventas interanual de 18,7 por ciento.

Estos indicadores de la actividad económica, industriales y comerciales, reflejan el resultado directo de una política recesiva, que atentó desde un principio contra la producción y el trabajo, licuando los ingresos, con devaluación, desregulación de todos los precios, aumento de la carga impositiva para la industria Pyme, etc. El impacto de la liberación de tarifas y retiro de subsidios es un factor más en el combo recesivo, que impactará muy fuerte en el entramado productivo.

Para peor, las proyecciones estacionales de CAMMESA, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, para el semestre mayo-octubre plantean un nueva duplicación de los costos, con un nuevo aumento del costo de la energía del 100 por ciento.

Un combo contra la producción y el trabajo

Luz y Fuerza de Córdoba viene pregonando que el acceso a la energía es un derecho humano y un pilar fundamental para el desarrollo productivo de la Provincia, principios que se encuentran reñidos con políticas de ajuste y desregulación de precios como las que se aplican desde el Gobierno de Milei. Como Sindicato, además, venimos expresando, como lo viene haciendo el conjunto del movimiento obrero, que el problema de reducir el déficit fiscal y la inflación por la vía del ajuste, y no por la vía de más producción, desarrollo y recuperación del poder adquisitivo, es que provoca una recesión económica que no soluciona el problema, y genera otros perores.

Una economía recesiva obliga a realizar sucesivos y nuevos ajustes, porque a medida que la caída económica se profundiza, aumenta el gasto social de asistencia, aumentan los indicadores de pobreza, a la vez que la recaudación cae cada vez más. En una palabra, la caída en la actividad económica, va corriendo el arco del déficit cada vez más, y en el medio, la crisis social generada es cada vez más profunda.

Es necesario comprender que la caída en la actividad económica es consecuencia directa de las medidas presentes en el DNU 70/2023, que desreguló y liberó totalmente precios de bienes y servicios, menos el salario y las jubilaciones que han sido planchados y licuados deliberadamente por el Gobierno libertario. Libertad para subir todos los precios, menos el precio del trabajo, sin el cual no hay ni funcionamiento económico, ni ganancias.

Es que anhelan un mundo perimido, donde la libertad sólo es entendida y defendida para los negocios y las ganancias, sin obligación ninguna, un mundo incluso más allá del pre peronismo, sino directamente estancado en el S. XIX donde la educación, la salud, la estabilidad, la vivienda, incluso la cultura son sólo privilegios para los acomodados.

Además, son profundamente anti industrialistas. Un país que pretende fortalecer su entramado industrial, garantiza energía y transporte baratos, porque fomentan la productividad, más aún en un país como el nuestro, donde la energía no se la tenemos que comprar a nadie, porque tenemos los recursos en nuestro propio suelo, ¡Somos productores de energía!

Todo el plan económico mileísta es un combo que ataca al trabajo, que asienta sobre los jubilados y trabajadores el grueso del ajuste, pero que ataca también al capital. No es de extrañar que añoren una Argentina primarizada de fines del 1800, pero ¡los atrasados somos los que queremos el desarrollo!

Mientras, se agrava la caída de la producción y las ventas, cierran industrias y comercios, aumentan los despidos y las suspensiones, se deprimen cada vez más los salarios, y las familias sufren cada vez más.  Los integrantes del gobierno nacional aborrecen los derechos, y con ellos a la Justicia Social, porque anhelan una libertad mal entendida, que es en realidad la prepotencia del más fuerte y aborrecen también una Argentina fuerte, industrial y soberana.

Foto de portada: LID