Tras el cambio de senadores y diputados, el gobierno de Javier Milei envió el proyecto de Reforma Laboral al Congreso y con las bancas recién estrenadas comenzó el tratamiento en comisiones. El plan de la gestión libertaria es aprobar ante de fin de año la normativa que cambia sustancialmente el mundo del trabajo y  “libera” al empresariado de cualquier tipo de regulación.

El aumento de la jornada laboral a 12 h, la extensión del período de pruebas, los cambios en el calculo de las indemnizaciones y las restricciones a las protestas y a los convenios colectivos, son algunos de los puntos que alarmaron a sindicatos y trabajadores organizados.

Las centrales obreras anunciaron una movilización para este jueves, en diversos puntos del país. En Córdoba las CGT y las CTA confirmaron su presencia. La jornada de lucha se concentrará en las afueras de la Legislatura de Córdoba, a las 12h.

Un tratamiento exprés para la reforma de la década

Luego del resultado de las elecciones, el gobierno pone a prueba la legitimación y el marco de acción que -asegura- le dieron los votos. Sin embargo, el apurado llamado a sesiones extraordinarias, la época del año escogida y las fechas apretadas de la agenda oficial develan que la ley no será recibida con bombos y platillos.

La exministra Patricia Bullrich desembarcó en la cámara alta con el objetivo de liderar la discusión, lograr negociaciones con los bloques aliados y obtener lo más rápido posible el dictamen. Durante el primer encuentro, la exfuncionaria que se ganó la confianza del Presidente fue designada como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En los próximos días, más de 15 expositores visitarán la comisión, la mayoría funcionarios nacionales, que se encargarán de defender la desregulación. En el cronograma de LLA, la sesión final está programada para el viernes 26 de diciembre para luego girar la posible media sanción a Diputados.

Una reforma laboral para los empresarios

El proyecto de La Libertad Avanza pretende flexibilizar al máximo los contratos laborales, individualizar la negociación entre trabajadores y empleadores, modificar reglas básicas como la forma de pago y eliminar derechos históricos.

Remuneración: de ser aprobada, la normativa implementaría el “salario dinámico”, que habilita el calculo de la remuneración por productividad. Además, el pago podría ser en pesos, especies o dólares.

Jornada laboral: habría un “ banco de horas”  en la que los trabajadores podrían elegir de “manera voluntaria”  la extensión de la jornada, que podría llegar hasta 12 horas. 

Protestas y reclamos: el proyecto impulsa sanciones para los trabajadores que participen en medidas de lucha. Asimismo, más actividades serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas. 

Vacaciones: se permitiría fraccionar las vacaciones en partes más cortas (mínimo de 7 días).

Indemnizaciones: el proyecto crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Se trata de un aporte del 3% de la remuneración, que deben realizar las patronales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto, y habilitando el pago en cuotas.

Período de prueba: el texto señala que podrá extenderse durante seis meses. A su vez, sostiene que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin derecho a indemnización.

Aportes patronales a las obras sociales: el proyecto propone bajar las contribuciones que pagan las empresas al sistema de seguridad social y a las obras sociales.

“Esclavitud laboral moderna”

La Confederación General de Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA y CTA-A) movilizan en distintos puntos del país este jueves. A la marcha se suman las organizaciones sociales, que cuestionan esa y otras iniciativas que avanzan en el Congreso, como el Presupuesto 2026 -que recorta la mayoría de programas sociales y propone la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario-, y la Ley de Glaciares.

Para la CTA-A de la Provincia, Milei pretende “instaurar un sistema de esclavitud laboral moderna en la República Argentina y retroceder más de cien años en materia de derechos laborales”. La central argumenta que “no hay ningún elemento para ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo”.

En Córdoba, el reclamo será desde las 12, en las puertas de la Legislatura, donde se discute el Presupuesto provincial de Martín Llaryora. La norma sigue los lineamientos nacionales y establece un aumento en los aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross, en perjuicio del sueldo de las y los empleados estatales. El artículo 63 del Código Tributario (Ley 6006, 2025-R), permitiría un incremento de hasta el 4%.

La iniciativa avanza en la Unicameral, mientras más de 15 sindicatos exigen una reunión con el presidente provisional del órgano, Facundo Torres. Desde el Gobierno sostienen que se trata de herramientas necesarias para garantizar la sustentabilidad financiera de ambos sistemas, mientras que los sindicatos advierten que la medida implicará un nuevo recorte sobre salarios ya golpeados por la inflación.

En total, los descuentos para la obra social y las contribuciones extraordinarias para sostener la Caja, podrían superar el 20%, casi un cuarto del sueldo.

“Ataque contra la comunicación y la cultura”

La Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba señaló en un comunicado, que el proyecto de reforma laboral de Milei profundiza el camino iniciado por el DNU 70/23 y la Ley de Bases, “destruyendo las instituciones laborales y los derechos de les trabajadores en beneficio absoluto del sector empresarial” y además, “ataca despiadadamente a las comunicaciones, la cultura y el periodismo”.

En ese sentido, destacó que la pretendida derogación del Estatuto del Periodista Profesional (ley 12908) y la Regulación del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (ley 13839), “atenta directamente contra la libertad de expresión y el acceso a las fuentes, vulnerando pilares fundamentales de nuestra democracia”.

A través de la eliminación del Capítulo completo de la Ley 26.522, retira los gravámenes a la televisión, radios y señales, impuestos cuya recaudación se destina a la financiación del INCAA, el Instituto Nacional del Teatro, y la Radio y Televisión Abierta, la Defensoría del Público, el Instituto Nacional de la Música y proyectos especiales de comunicación audiovisual.

“La comunicación y la cultura de un pueblo son determinantes para construir soberanía y garantizar nuestra independencia”, indicó la Mesa.

A su vez, el gremio de prensa alerta por la derogación del Estatuto del Periodista, incluida en el proyecto oficial. En diálogo con Enfant, Mariana Mandacovik, secretaria General de Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), expresó al respecto:

“ La eliminación del estatuto no es algo que solo nos afecta a los periodistas, sino que también influye en la democratización de la comunicación y en la construcción de un periodismo plural y crítico”.
La gremialista sostuvo que la reglamentación del oficio “no solo consagra las condiciones de trabajo, también garantiza el acceso a las fuentes y todos los mecanismos para producir información precisa, de calidad y lo más veraz posible para la comunidad”. 

* Foto de portada: Emilia Rivero/Enfant Terrible.