Tras la enorme protesta que convocada contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2017, la justicia comenzó una cacería contra los militantes sociales que se movilizaron a la Plaza Dos Congresos. Finalmente y tras pasar por varios meses de prisión preventiva, el juez Feliciano Ríos dictó sentencia condenatoria de tres años de efectivo cumplimiento contra dos de esos militantes: Cesar Arakaki (PO) y Daniel Ruiz (PSTU).
En diálogo con Enfant Terrible, la abogada defensora Claudia Ferrero apuntó contra el magistrado:
Apenas se hagan públicos los fundamentos del fallo el próximo 4 de diciembre, vamos a apelar. Es una sentencia completamente arbitraria con condenas de efectivo cumplimiento, vara que no tuvieron con el policía federal que atropelló en la misma movilización, con intención, y utilizando la moto de la fuerza a un joven que se había movilizado ocasionándole heridas graves. A ese agente le dieron tres años en suspenso.
Ahí hay otra arbitrariedad. El fiscal siguió imputado a César Arakaki por lesiones en agresión a pesar de que la supuesta víctima se retiró como querellante luego de declarar en el juicio y advertir que en el vídeo que se le exhibió que ninguno de los imputados en el juicio era actor de lanzar la piedra que lo hirió.
Esto alteró la base fáctica del requerimiento fiscal ( lo cual es nulo, nulidad rechazada que fue por el juez) para poder atribuirle los delitos de Intimidación Pública y Atentado a la autoridad. Está condena a una semana antes de las elecciones busca demonizar a la izquierda, en el marco del crecimiento como tercer fuerza del Frente de Izquierda en todo el paisa
Luego del aumento otorgado a la UBA, exigen que lo mismo para el resto de las 60 universidades. Mientras tanto, la UCR busca sacar provecho de la crisis universitaria para posicionarse y rosquea votos para la Ley Bases.
Esta mañana, la Asociación de Trabajadores del Estado concentró frente a la institución a la que consideran la "usina ideológica" del Gobierno Nacional y también del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Debido al desfinanciamiento de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei, las obras que garantizaban mejores condiciones de vida en los barrios populares se encuentran desfinanciadas.
