Con la llegada de la pandemia en Argentina comenzamos a incursionar una acelerada crisis producto de la caída del mercado internacional, que se acumuló en junto a la crisis política y económica derivada del período de gestión macrista entre 2015-2019.
Algunas reflexiones que parecen haberse quedado perdidas en aquellos primeros días del shock, nos hacían pensar colectivamente que era urgente implementar medidas más amables con la Naturaleza y también con nuestra propia Humanidad.
Entre los dichos y los hechos, la crisis puso en evidencia la ausencia de integración de las políticas públicas orientadas a garantizar un piso básico de supervivencia para los sectores más vulnerables ante estos escenarios.
El contraste que se evidenció con restricciones de circulación como política sanitaria, develó de forma brusca la desigualdad entre sectores más concentrados y pudientes, y quienes apenas podían acceder a una vivienda para realizar la cuarentena en condiciones dignas.
A este escenario se sumó la pérdida del empleo formal y la incrementada precarización de la población, extendida a la franja etaria juvenil a través de las plataformas de pedidos como Rappi, Glovo o Pedidos Ya.
A su vez, con el ingreso de las nuevas tecnologías el marco de jornadas laborales extendidas entre 6 y 8 horas se adaptaron a nuevas modalidades de trabajo, sin una revisión sobre el tiempo que se dedica al empleo y el impacto que genera en la vida cotidiana.
Ante esta fragmentación el Gobierno Nacional implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como medida transitoria de apoyo económico, que alcanzó a 9 millones de destinatarixs. A su vez también permitió generar un registro de datos con perfiles sobre su integración al sistema formal. Sin embargo para tal escenario no fue suficiente, ni alcanzó a contrarrestar las carencias que se reproducen en toda una estructura social y económica más general.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), indican que el 11% de la población activa (2,1 millones de personas) se encuentra desempleada, el 42% es pobre, el 10,5% es indigente, y 11 millones de personas reciben asistencia alimentaria.
Ante tal escenario crítico, tomó mayor fuerza la discusión sobre un modelo de protección integral que no se agote en medidas pasajeras y que atienda a las necesidades particulares de cada situación social y económica.
El Ingreso Básico Universal, Ingreso Universal Ciudadano o Renta Básica incondicional, según se ha llamado en diferentes experiencias, propone que los Estados garanticen a todxs sus ciudadanxs un ingreso mínimo que les permita salir de la pobreza, más allá de su edad, labor, género, lo que sea. Implica un piso de protección incondicional que asegura los niveles mínimos de subsistencia.
Según María José Lubertino, docente de la UBA y directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la RBU permitiría ampliar las posibilidades de ingreso al mercado laboral, ya que se contaría con recursos básicos en la búsqueda de empleo y cubrir el traslado en ese proceso. A su vez, permitiría que las personas cuenten con mayor poder de negociación frente a propuestas de empleo con bajos salarios, así como abrir la posibilidad de invertir en actividades productivas como agricultura o microemprendimientos. Por supuesto que para que así sea, el monto de la Renta Básica siempre debe pensarse por encima de la línea de pobreza.
Un ejemplo de este tipo de coberturas es la Asignación Universal por Hijo (AUH) que alcanza a 4 millones de niñxs del país, y sirve para garantizar la alimentación y la escolaridad. La propuesta para pensar una Renta Básica podría inclinarse a integrar los sistemas de cobertura, es decir, que las ayudas transitorias como el IFE pasen a convertirse en derechos permanentes como es la AUH. Por ejemplo, los diseños podrían pensarse según edades y las necesidades de cada franja etaria.
Agustín Salvia, Director del Observatorio de la Deuda Social, con el acuerdo del Ministro de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, han propuesto unificar todos los programas sociales en un solo ingreso generalizado, con mayor valor, a cambio de una prestaciónn laboral. También existe otra propuesta impulsada por, Martín Guzmán, Ministro de Economía, el cual se asemeja al modelo de Ingreso Universal que se aplica en Alaska, donde el Alask Permanent Found Corporation otorga a cada ciudadano un cheque una vez al año, con un porcentaje de las ganancias que generaron las reservas petroleras. De nuevo, según María José Lubertino, en Argentina "muchas pensamos que el financiamiento se podría conseguir en base a las ganancias de los sectores extractivistas (financiero, minero, agroganadero industrial)".
Propuestas y antecedentes hay, aunque necesariamente implicaría una reforma fiscal redistributiva que pueda implementarse de manera progresiva. Además ya hemos visto, por ejemplo, en el caso del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas cómo las medidas redistributivas generan rechazo en los sectores que deben ceder un mínimo de sus ganancias.
Poder acceder a un piso básico también permitiría que no sea necesario trabajar más horas para incrementar las ganancias. No obstante, las tecnologías se han instalado en el ámbito laboral y se ha extendido la modalidad de home office a más personas. Así, la vida laboral se entremezcla con la vida hogareña y de este modo se automatizó la actividad productiva.
Esta situación tiene particular impacto sobre las tareas cotidianas de supervivencia y el cuidado que recae en su mayoría en las mujeres, un sector que a su vez percibe menores salarios por las mismas tareas que los varones. Esto se traduce en una doble jornada laboral, una reconocida, aunque incluso muchas veces de manera precaria y otra directamente no reconocida como aporte.
Hace poco hemos visto ejemplos de ensayo "piloto" en Islandia, donde la reducción de la jornada laboral a 4 días fue calificada como "rotundo éxito", ya que se comprobó la reducción del estrés y agotamiento, mejora la salud y el rendimiento del personal. Otro efecto colateral fue la mayor participación de los varones en las actividades domésticas y de cuidado.
También otros países como Nueva Zelanda, Japón y España han comenzado a incursionar desde distintos ámbitos en estas políticas como viables posibles. En ningún caso se plantea la reducción de los salarios.
Avistar estas políticas tienen como único fin que las personas podamos tener una mejor calidad de vida, donde la posibilidad de acceder a lo mínimo no sea un privilegio de la falsa meritocracia, o que acceder a un trabajo no implique perder las posibilidades de disfrute u ocupación en otras tareas también importantes.
En estos años hemos avanzando en discutir que la vida humana debe ser vista desde una perspectiva integral que involucra todos los ámbitos, desde las relaciones sociales, laborales, económicas, culturales. Si queremos avanzar hacia modos de vida más saludables y humanizadxs, debemos dejar de vernos como robots que nacieron para trabajar y ser funcionales a la generación de ganancias que al fin y al cabo terminan en los bolsillos de unxs pocxs.
Imagen de portada: Canal Abierto
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