En el día de ayer, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmó con amplia mayoría el dictamen para que la iniciativa sea debatida. La propuesta hace hincapié en abordar el VIH, las hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual de manera integral e intersectorial y desde la salud colectiva en pos de derribar prejuicios y discriminaciones. Asimismo establece el acceso universal y gratuito a tratamientos dentro del sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada, así como la creación de una Comisión Nacional que aborde la problemática, entre otras propuestas.

El proyecto de ley que busca modificar la Ley Nacional del Sida (23.798), sancionada en 1990, fue presentado por la diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Gillard y debatido en las comisiones de Acción Social y Salud, presidida por Mónica Fein, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller. La diputada argumentó que se trata de "una respuesta integral y de un enfoque intersectorial de derechos humanos, incluye capitulo de prevención, capacitación, sensibilización y hace hincapié en la necesidad de producción pública de medicamentos, tratamientos para las formulaciones pediátricas, en respuesta al VIH".

Entre los puntos más importantes del proyecto se propone que las pruebas de detección de dichas enfermedades e infecciones sea voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además, establece la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el fin de documentar y erradicar vulneraciones hacia personas afectadas.

La propuesta de ley promueve la investigación, la capacitación, la difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis. Dicho órgano será integrado de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el asunto. Además, se buscará la garantizar representación federal y de géneros, cuya integración será determinada por vía reglamentaria.

Por otra parte, la iniciativa irá por la creación de un régimen jubilatorio especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Se propone que quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico y veinte años de aportes jubilatorios, podrán solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

Tras conseguir el dictamen en el día de ayer, el diputado de Libertad Avanza, José Luis Espert se pronunció en contra de este último punto y manifestó:

"No hay ningún motivo por el cual tiene que haber un régimen especial para las personas afectadas por estas dolencias. Seguimos insistiendo en la ampliación de beneficios sin medir los costos fiscales en una sociedad agobiada por la inflación"

Por su lado, la legisladora Romina del Pla, del partido obrero expresó que "estamos tratando una ley de protección integral, no solo del VIH sino de todas las infecciones de transmisión sexual, que en general tiene una relación bastante fuerte, en su desarrollo y agravamiento, con el desarrollo de la pobreza".

La iniciativa cuenta con el apoyo de 200 instituciones y organizaciones civiles que trabajan hace años por un abordaje despojado de prejuicios y discriminaciones, que disponga de información científica y basada en una visión desde los derechos humanos.

En ese marco, la Asociación Ciclo Positivo informó en diciembre del año pasado que, mientras la ley perdió estado parlamentario durante seis años consecutivos, fallecieron 15.000 personas a causa de VIH y hepatitis virales; 28.800 personas recibieron un diagnóstico de VIH y 12.600 de hepatitis virales; y se registraron 65.000 nuevos diagnósticos de tuberculosis.

Bajo la consigna "No hay más tiempo", fue la población organizada la que logró presionar para que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto y deje de posponer el proyecto de ley que es de carácter urgente.

La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), expresó a través de sus redes sociales: "Exigimos madurez política y que dejen de manosear y jugar con la vida de las personas. ¡Voten la ley!"