Elevan a juicio a un excomisario y 16 agentes de la Comisaría 4ª de Llavallol, Buenos Aires, por crear una red de explotación sexual en Camino de Cintura.

La Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora solicitó la elevación a juicio del comisario Héctor Mario Coquean, considerado responsable directo de la red de trata con fin de explotación sexual que se sostenía en la Ruta Provincial 4, mejor conocida como Camino de Cintura.

Los hechos imputados a Coquean se rastrean hasta al menos febrero de 2015, fecha en la cual se inicia la investigación, hasta marzo de 2016, donde cesó sus funciones a cargo de la Comisaría 4ª de Lomas de Zamora.

El excomisario Héctor Mario Coquean se había fugado en junio de 2017, presuntamente en Brasil a través de un paso irregular por Misiones, hasta septiembre del 2018 donde se presentó a la justicia. Ya por aquel entonces era acusado de recaudar al menos 60 mil pesos diarios en coimas para permitir la explotación sexual.

Dentro del esquema de explotación, se considera que al menos 19 mujeres cis y trans en situación de vulnerabilidad fueron captadas con la participación de otros 16 agentes de la dependencia.

El esquema consistía en la reclutación específica para la explotación sexual como modalidad, aunque también se realizó el traslado de las damnificadas a Camino de Cintura luego del cierre de los prostíbulos privados ante intervención judicial. Esto pone sobre la mesa la participación de las instituciones policiales y judiciales en el desarrollo y mantenimiento de redes de trata con fines de explotación.

Las damnificadas debían abonar un 'impuesto de calle' que iba de 250 a 400 pesos y contemplaba la ubicación en la vereda dentro de los límites de la jurisdicción de la Comisaría 4ª, situada frente a la zona de la Comisaría de Luis Guillón del partido de Esteban Echeverría (Buenos Aires).

Las damnificadas de la red de explotación sexual tienen entre 18 y 50 años, de las cuales 5 son peruanas, 6 paraguayas y el resto argentinas. De las 19 estimadas hasta ahora, 11 se identificaban como mujeres cis y 8 como mujeres trans. Estas últimas solamente una era de nacionalidad argentina y la mayoría habían migrado hacia Argentina con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida.

Ante este panorama, es necesario poner en tensión los procesos de estigmatización y criminalización de las poblaciones trans, que configura una expectativa de vida que no supera los 40 años, un bajo nivel de educación básica y una casi imposible entrada al mercado laboral formal.