La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció el día de ayer la eliminación del programa Potenciar Trabajo, que venía funcionando hace 8 años y era percibido por un millón cuatrocientas mil (1.400.000) personas como salario social complementario. En su lugar, Pettovello dijo que creará dos nuevos programas llamados "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social".
Según el Ministerio, el "Volver al Trabajo" se orientará a personas de entre 18 a 49 años y tendrá el mismo fin del PT, es decir, incorporar a esta población al sector del trabajo formal. Además, también dijeron que alrededor del 75% de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo pasarán a este nuevo programa.
"Esta política además, permitirá ser beneficiario del programa y mantener un empleo formal registrado, con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM)", aclararon desde Capital Humano.
Por otra parte, el "Acompañamiento Social" estará destinado a personas mayores de 50 años y a las madres de cuatro o más hijos, tratándose de una "asistencia inmediata" para personas de este grupo humano considerado de mayor vulnerabilidad.
Desde el Ministerio descataron que no hay incompatibilidad entre el “Programa de Acompañamiento Social” y el “Volver al Trabajo”, es decir, que quienes reciban el primero también pueden inscribirse en este último.
Por otra parte, cabe destacar que entre los "principales cambios" que figuran en el comunicado del Ministerio, se refieren a la implementación de "mecanismos que reduzcan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos que tenían las Unidades de Gestión encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa".
Es decir, tras la reestrucuración del tercer programa de asistencial social más importante, -los otros dos son la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH)-, está el objetivo del Gobierno nacional de lo que viene anunciando repetidas veces y desde este Ministerio en particular: "la eliminación de los intermediarios".
Estas "Unidades de Gestión" a las que refiere en el comunicado, son las organizaciones sociales, populares o territoriales que en estos años han articulado con el Estado para lograr que los programas puedan alcanzar a los destinatarios asignados. Esta forma de trabajo existe desde que iniciaron los llamados "planes sociales", porque son políticas resultantes de los reclamos de las mismas organizaciones, ya que estos actores son los primeros en percibir las problemáticas que acontecen en los sectores populares.
Entonces, ¿por qué la zaña del Ministerio de Capital Humano con "los intermediarios"?, ¿por qué para el gobierno son un obstáculo las mismas organizaciones que llevan sus demandas y le exigen al Estado soluciones ante las mismas?
La concepción del Gobierno de La Libertad Avanza sobre las problemáticas sociales más concretas, puede evidenciarse en la construcción que hacen acerca de éstas organizaciones y sus dirigentes. Esto pudo verse hace poco, con el caso de los Fondos fidusiarios de Integración Socio Urbana (FISU), que eran destinados a la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Fernanda Miño hasta el año pasado.
Hace unos días, Clarín y LN+ operaron para que la audiencia perciba estos fondos como "cajas negras de la corrupción", habilitando incluso al propio presidente Javier Milei para que se exprese contra ellas. En este sentido, una figura que se viene asociando a la pobreza y la corrupción es, por ejemplo, Juan Grabois, a quien apodaron como "el gerente de la pobreza" y trataron de asociar al manejo de los FISU (cosa que no pudo comprobarse).
Por otro lado, a Miño también intentaron asociarla a la ecuación organización social-Grabois-corrupción, al referirse a ella los medios del Grupo Clarín como "dirigente vinculada a Grabois", por pertencer al Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), buscando desprestigiar su figura.
Sin embargo, al final, en lugar de reivincidar la obra pública comunitaria y los excelentes números que dejó la gestión de Miño, el gobierno avanzó en el desfinanciamiento de los FISU. Es decir, los titulares fueron una operación de demonización y las denuncias de corrupción una justificación para el ajuste.
Hace unas semanas, bajo el mismo argumento con que hoy se reestructura el Potenciar Trabajo, Pettovello anunció la suspensión del envío de alimentos a los comedores comunitarios con el mismo objetivo: "eliminar los intermediarios". En este caso, la ministra se refirió a «la extorsión y el negocio multimillonario» y remarcó que en adelante el alimento sería «destinado directamente a los comedores», cosa que aún las cocineras comunitarias continúan esperando, frente a la crisis alimentaria que se agrava.
Sin embargo, lejos de eliminar intermediarios, el mismo día la ministra firmó convenios con espacios religiosos afines al gobierno. En ese marco, desde Enfant nos preguntamos: ¿Se eliminan los intermediarios o se privilegia a los más afines? Además, luego trascendió la noticia que mientras tanto Pettovello negociaba con las empresas para comprar el descarte de las empresas alimenticias y enviarla a los comedores comunitarios, según ANRed.
Es decir, en estos dos casos, de los FISU (obra pública social) y la alimentación (comedores y merenderos comunitarios), desde el Gobierno adoptan la estrategia de construir en el imaginario social (fake news mediante) al "intermediario" como asociado a lo corrupto, lo extorsivo y delictivo. De esta manera, coincide la idea con la acción de desarticular a los sectores organizados de la política pública social, porque ¿qué tendría de malo intentar eliminar algo tan nocivo, no?
Desde UTEP sostuvieron que el objetivo detrás de estos movimientos del gobierno, es lisa y llanamente "desarticular la organización comunitaria que se resiste al ajuste y buscar intermediarios afines a ellos", ya que estos últimos al final no se eliminan, tal como se ve con los comedores y merederos. Si esto es así, Pettovello miente.
¿Pero acaso podría el Estado llevar a cabo las políticas sociales? Desde UTEP plantearon que: "para que la política pública llegue a todos los barrios, lo que necesitás es capilaridad, porque el Estado no tiene la capacidad, ni siquiera llega el correo, no llega el agua, la luz, es muy difícil que la política pública llegue a las comunidades sin que haya entidades propias de esas comunidades".
“El objetivo del gobierno es desarticular la organización popular que tiene como oposición”.
Se produce un doble movimiento, ya que el Estado se retira de esos territorios por una voluntad propia: "Es el mismo criterio que con la SISU, que era una política pública que se encargaba de mejoramiento habitacional en barrios populares; ahora disolvieron el fondo dejándolo en el 1%. Entonces es una forma de retirar el Estado y el mercado no va a ocupar ese vacío", argumentaron desde el sindicato de la Economía Popular.
Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de estos ataques? En principio, desde UTEP plantearon que esto no debe verse sólo en el universo de las organizaciones sociales: "el problema lo puede llegar a tener el gobierno al estar afectando con el mismo criterio y el mismo fin a varios sectores al mismo tiempo". En este sentido, no sólo están siendo afectados los sectores organizados de la economía popular, sino también los gobernadores de las provincias y los sindicatos.
Al final, como este gobierno se viene centrando principalmente en el achique del Estado y en una política de ajuste de las cajas, puede verse cómo adopta la misma estrategia con los gobernadores y con los sindicatos. En el caso de los primeros, algunos sufrieron represalias luego de caer la ley ómnibus en el Congreso de la Nación, con los recortes a distintos fondos coparticipables como el Fondo Compensador de las tarifas del transporte público en el caso de Chubut, o el Fondo de Fortalecimiento Fiscal en el caso de Buenos Aires.
Por su parte, los sindicatos se vieron afectados tras la desregulación de las cajas de las obras sociales sindicales, estableciendo que cada trabajador puede elegir su propia contratación de una prepaga u obra social, destinando sus aportes allí sus aportes. En este sentido, aquí de nuevo ingresa la figura de "los intermediarios", en este caso los sindicatos, que buscan ser desplazados como actor.
En síntesis, por lo que está viendo y por la lectura que realizan desde la organización, el Gobierno de Javier Milei profundiza la confrontación con actores que históricamente han tenido un rol protagónico en la organización social y económica del país. La pregunta abierta cargada de incertidumbre que se hacen desde UTEP ante un escenario de conflictividad social ascendente es: "¿Hasta cuando aguanta esto?".
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