Javier Milei reivindicó la "motosierra" y anunció un superávit
En cadena nacional, el presidente Javier Milei defendió su programa económico y reivindicó la "motosierra". ¿Qué números hay detrás del anuncio del superávit?
Las últimas semanas en Colombia fueron agitadas para el presidente Gustavo Petro. Un escándalo por escuchas ilegales vinculado a su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, hizo saltar al debate público la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial, motorizada por el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedeti, un extra partidario de tradición liberal, que se fue acercando al espacio del Pacto Histórico y en 2022 aportó votos y liquidez.
Como prenda de paz con la oposición, el presidente Petro eyectó de la jefatura de gabinete a Sarabia y cesó de sus funciones a Benedeti. Sin embargo, pesar de la fulminante expulsión de los presuntos implicados en la trama, los principales medios de comunicación, la Fiscalía General de la nación y la oposición política -e incluso varios coroneles y comandantes retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia- han desatado una fuerte ofensiva con movilizaciones que exigen la renuncia del presidente del Pacto Histórico y la inmediata suspensión del amplio paquete de reformas que viene impulsando su gobierno.
Frente a la ofensiva de la derecha, el gobierno colombiano convocó ayer a una amplia movilización para respaldar al presidente, con la consigna "Petro no está solo" y en defensa de las reformas sociales que su gobierno viene desarrollando. Además, más de 400 intelectuales, políticos, activistas y dirigentes sociales de todo el mundo han firmado una solicitada en defensa de Gustavo Petro y denunciando el "golpe blando".
A continuación reproducimos el comunicado que fue firmado por figuras como el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez-Esquivel, el ex presidente español José Luis Rodríguez-Zapatero, el congresista estadounidense Jeremy Corbyn entre otras 400 firmas.
Desde la elección del primer gobierno progresista del país –encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el Pacto Histórico en el Congreso– los poderes tradicionales de Colombia se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado.
Ahora, a menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional.
Desde la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República, respectivamente, Margarita Cabello y Francisco Barbosa están persiguiendo activamente a los representantes del Pacto Histórico, lo que puede resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas como Alex Flórez y Alexander López, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, la representante Susana Gómez, la senadora y líder negociadora de paz, María José Pizarro e incluso el propio presidente Petro.
En el caso del senador Wilson Arias, por ejemplo, Cabello –estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque– abrió un proceso disciplinario contra el senador por el “delito” de pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021: una violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos.
Entretanto, generales y coroneles en retiro y reservistas miembros de las fuerzas militares colombianas no sólo han proclamado su oposición al presidente Gustavo Petro, sino que incluso han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado contra su gobierno.
El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían “paz total” al país.
Nosotros, los abajo firmantes, llamamos a los amigos del pueblo colombiano y a los aliados de la democracia de todo el mundo a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando en Colombia.
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