Hasta el momento, la ley que rige en el territorio español exige el consentimiento de padres o tutores en caso de que la persona solicitante sea menor de edad. La modificación de la ley busca acabar con ese requisito que el Partido Popular estableció en 2015, durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy. El Ministerio de Igualdad expresó que se encuentran en las últimas semanas de negociación.

Esta modificación es uno de los puntos más polémicos que establecerá la nueva normativa, motivo por el cual sectores conservadores salieron a repudiar la iniciativa. Aunque para muchas otras situaciones se considera la mayoría de edad, hay espacios que sostienen que una adolescente de 16 años no puede decidir sobre su cuerpo. En ese sentido, miembros del Tribunal Constitucional adelantaron que la nueva ley chocará con futuros fallos que dictará el organismo.

Sin dudas, la cuestión de la autonomía para decidir continuar o interrumpir un embarazo en caso de adolescentes con capacidad de gestación toca un asunto atravesado totalmente por la moral: la familia como institución indiscutible y las hijas como propiedad de sus progenitores

Además, la futura ley propone eliminar los "tres días de reflexión" previos a abortar y la obligación de recibir información a menos que la solicitante lo haga de forma expresa. Es decir, que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación.

Otro de los puntos destacados respecto a la futura ley de interrupción voluntaria del embarazo es brindarlo en los centros públicos de salud. De acuerdo con esto, tomarán como referencia la ley de eutanasia para crear un registro de profesionales objetores de conciencia.

La iniciativa se da en el marco de una coyuntura totalmente marcada por las agendas que involucran a mujeres, lesbianas, travestis y trans. Ya sea por apoyo o por su negativa, la realidad es que se deben tomar posiciones respecto a estas demandas. En ese sentido, el objetivo central de las derechas es restringir las libertades conseguidas (o por conseguir) por parte de estos colectivos. A tal punto que en Estados Unidos se discute revertir un derecho ganado hace casi 50 años con la mayoría conservadora de la Corte Suprema estadounidense, heredada de Donald Trump.