
Defensa del Consumidor recuperó más de mil millones a favor de los consumidores
Durante el año, la Dirección logró más de 1.265 acuerdos conciliatorios, beneficiando a más de 1.520 consumidores.
Tanto el candidato por el correísmo Andrés Arauz (UNES), como el propio ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunciaron en sus redes sociales un "nuevo golpe de Estado" luego de que la Fiscalía General del Ecuador dispusiera el "registro y detención de la base de datos" del Consejo Nacional Electoral para una "pericia informática forense".
Quien también se manifestó en sus redes sociales en contra del rol de la Fiscalía fue el banquero y candidato por el Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC), Guillermo Lasso.
En un comunicado de la FGE, se explica que la investigación en curso se abre a partir de denuncias realizadas por Luis Bruno Segovia y otros representantes del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP-18), debido a un "presunto fraude electoral" y "supuestas anomalías en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas del proceso electoral de 7 de febrero pasado".
Mientras tanto, el por ahora derrotado candidato indígena por el MUPP-18, Yaku Pérez Guartambel, clasificó como "oportuna" la intervención otorgada por la Fiscal Diana Salazar, cuyas actuaciones fueron aprobadas por la Corte Nacional de Justicia. "El Consejo Nacional Electoral al no abrir las urnas atenta contra la transparencia de elección y ratifica el fraude inobjetable" expreso en sus redes sociales.
Según el artículo 18 del Código de la Democracia de Ecuador, este procedimiento sería ilegítimo ya que "ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales, ni en el funcionamiento de los órganos electorales".
Durante el año, la Dirección logró más de 1.265 acuerdos conciliatorios, beneficiando a más de 1.520 consumidores.
La reciente demolición de un monumento en honor a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, ordenada por el Gobierno Nacional, generó una ola de indignación y debate. Sin embargo, sabemos que una máquina no puede destruir el legado y la figura de una de las personalidades más influyentes de la historia argentina reciente.
El lunes pasado, el fiscal Guillermo González imputó y ordenó la detención de cinco efectivos policiales por el homicidio de Guillermo Bustamante, quien fue ingresado a la fuerza al patrullero y golpeado hasta fallecer en las inmediaciones de una estación de servicio