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El pasado 13 de diciembre por la tarde noche, cuando el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo anunció el conjunto de medidas del nuevo Gobierno Nacional, se hicieron publicas las novedades que afectan al sector de la economía popular (EP). Si bien durante la campaña La Libertad Avanza (LLA) habló de sacarle privilegios a la “casta”, los recortes comunicados no parecen orientarse hacía allí.
La primera medida que está dirigida directamente a quienes trabajan en la EP es el congelamiento del valor del cobro mensual del programa Potenciar Trabajo (PT). En el anuncio, Caputo señaló que este se mantendrá “de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 2023”. Si esto se concreta, quienes actualmente reciben el 50% de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) durante el año 2024 no percibirían ningún aumento. De ser así, en un contexto inflacionario, el valor real de lo que perciben quienes son parte del programa se licuaría fuertemente.
Esta definición del ministro va en contra de la normativa que establece que el monto del Salario Social Complementario (SSC) a cobrar, por ser parte del programa PT, es igual a la mitad del SMVyM. Si en 2024 se cumpliese lo dispuesto en este paquete de medidas se violaría la legislación vigente porque se presume que van a existir aumento del salario mínimo.
La segunda medida de impacto en el sector de la EP, es el aumento por debajo de la inflación del monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA). En los anuncios, el ministro de economía expresó que “se duplica la AUH y aumenta en un 50% la Tarjeta Alimentar”, aunque no especificó cuándo se efectivizarían estos aumentos. Sin embargo, pareciera que esto, según los cálculos, llevaría a una pérdida de poder adquisitivo, ya que: “Hasta noviembre de 2023, los ingresos de una familia con un hijo que cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar (un total de $ 34 mil) habían caído en términos reales un 24% con respecto a igual mes de 2022.” (según el portal Chequeado).
Las proyecciones indican que estos aumentos serían licuados en pocos meses, sin saber cuándo se harían efectivos estos aumentos, pero se supone que no podrán igualar la tendencia inflacionaria (teniendo en cuenta que en noviembre fue de 12,8% y la de diciembre será bastante mayor).
Asimismo, existen otras medidas tales como las quitas de subsidios estatales a servicios, que también impactarán negativamente en el bolsillo de quienes trabajan en la EP.
Frente a esta situación, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) sacó un comunicado ayer, expresando una “gran preocupación” por las medidas que “echan más leña al fuego” y que de concretarse, llevarán a una “catástrofe” social.
Las últimas semanas han sido muy movilizantes para la organización del sector de la EP en términos de fortalecimiento de la herramienta gremial. La UTEP, que se autodefine como “el sindicato que representa y defiende los derechos de todas y todos los excluidos del mercado laboral, quienes nos inventamos nuestro propio trabajo para subsistir”, ha avanzado en su estructuración.
La experiencia previa en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), así como otros espacios en donde se han agrupado quienes trabajan en la EP, no han podido superar completamente la instancia de coordinación entre organizaciones. Sin embargo, se debe reconocer que el recorrido previo al nacimiento de la UTEP en diciembre del 2019, ha sentado las bases para lo que está ocurriendo en estas semanas.
De las novedades relevantes de este fin de año resaltan dos:
Lo avanzado en estas últimas semanas parece ser la mayor conquista de integración sindical de la EP, junto al logro de la personería social reconocida por Ministerio Nacional de Trabajo en el año 2021.
La realidad de la EP parece estar en movimiento. En las últimas semanas, la UTEP ha avanzado en fortalecer su organización. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno Nacional ha comunicado un conjunto de políticas tendientes a la estanflación (inflación creciente y estancamiento económico) que afectan fuertemente el poder adquisitivo de quienes trabajan en el sector. De este escenario es difícil poder avizorar un desenlace.
¿Podrá la organización del sector mediante estos logros que la fortalecieron, resistir la política redistributiva regresiva del nuevo gobierno? ¿La política socio-económica terminará afectando negativamente la organización popular del sector?
Según expresó públicamente la UTEP sobre estos días en que se llevaron a cabo, tanto la elección como la asunción: “Los y las trabajadoras de la economía popular dimos un paso firme en un contexto de mucha incertidumbre, pero con la certeza de que defenderemos los derechos conquistados. ¡Sin Poder Popular, No Hay Justicia Social!”.
Por lo pronto, en los próximos días se esperan mayores tensiones sociales y si bien, se desconoce qué rol puede jugar la UTEP, posiblemente sea relevante. Este fin de año y el verano que va llegando ofrecerán claridades al respecto. La única certeza al momento, es que existen disputas abiertas. Lo que termine sucediendo seguramente dependa en parte de lo que se pueda hacer desde la organización de la EP y del resto del mundo sindical.
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