El 18 de octubre de 2019 las principales organizaciones estudiantiles de Chile convocaron a un paro nacional contra el aumento de 30 pesos en el transporte público. Pronto se unieron las coordinadoras y federaciones universitarias, más tarde las organizaciones de jubilados y pensionados contra las usureras AFP. Luego se unieron las confederaciones de la nación mapuche, los y las migrantes, las clases medias excluidas del sistema de salud y de la educación superior, y al fin los trabajadores y trabajadoras que engrasan a diario la maquinaria del país más desigual del cono sur.

Pasaron dos años y una pandemia mundial desde el inicio del Estallido Social en Chile. Desde entonces el planteo de la Asamblea Constituyente, que comenzó como algo minoritario y recorrió de punta a punta este heterogéneo movimiento de lucha interseccional, policlasista y plurnacional, se convirtió finalmente en una realidad concreta, tras el referéndum de octubre de 2020. Un plebiscito que ratificó el rumbo de cambio social con el 78% de votos a favor de una nueva constitución.

Es claro que si algún mandatario se vio beneficiado por el aislamiento obligatorio, el cierre de fronteras y la imposición de toques de queda fue Sebastián Piñera, cuya popularidad llegó a desplomarse debajo del 5% durante los meses más conflictivos.

Con todo, y a pesar de algunas crisis entre el núcleo más pinochetista del frente Chile Vamos, el piñerismo logró mantenerse en el poder a través de una alianza estratégica: el respaldo institucional expresado en las garantías de impunidad de los principales magistrados del Poder Judicial, el apoyo político extrema derecha de la UDI y la obediencia debida de la cúpula del cuerpo de Carabineros.

La represión sanguinaria

El mundo entero fue testigo durante los últimos meses de 2019 del enorme despliegue de violencia que el estado chileno era capaz de utilizar contra los reclamos sociales, que se acumulaban desde finales de los 90 y que se convirtieron en una olla a presión.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, el saldo de víctimas es de 34 personas fallecidas entre octubre y diciembre de 2019. Además, 327 personas perdieron la visión en uno o en los dos ojos fruto de los disparos de balines de Carabineros, método se convirtió en una práctica sistemática a la hora de reprimir.

También recogieron 14 denuncias de abuso sexual a personas detenidas. En este sentido, la fiscalía de Santiago contabilizó más de 8000 denuncias por violencia policial, sexual y torturas a manos de personal de Carabineros. Dos años después apenas 4 efectivos fueron condenados.