Hace cinco años, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue denunciada en la causa "dólar futuro", -en medio de la disputa electoral- que tenía como protagonistas a Mauricio Macri y Daniel Scioli en ballotage. En 2016, tras la denuncia realizada por los jefes del bloque de Cambiemos, Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), el juez Claudio Bonadio convocó a la mandataria a Comodoro Py para su indagatoria. Luego de un proceso repleto de irregularidades, denunciado en reiteradas ocasiones por la propia Cristina Fernández como una operación de "lawfare", los jueces del máximo tribunal penal de la Nación pusieron fin a esta historia. Se convierte en la primera causa cerrada para la vicepresidenta.

El litigio estaba basado en un presunto fraude al Estado a través de las operatorias de venta de dólar futuro entre agosto y noviembre de 2015. En realidad se trató de una política económica que aplicaron legítimamente, Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento Presidenta de la Nación, Axel Kicillof por entonces Ministro de Economía y también por quien fuera presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. El abogado de la vicepresidenta Gregorio Dalbón, declaró en los medios que:

"Muestra a las claras que lo que sucedió fue producto del lawfare, que se le intentó armar una causa a ella y a los otros imputados con el fin de proscribir a la oposición de ese momento".

Esta causa venía en picada por la falta de pruebas y el manejo arbitrario de la denuncia. A principios de marzo, los acusados participaron de una audiencia vía zoom que acaparó la atención del país. En esa instancia, Cristina sostuvo que la causa fue manipulada ante el fervor generado por el proceso electoral de 2015. Además acusó la instrumentalización de la causa para permear la victoria de Mauricio Macri y su posterior gobierno:

"Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Son responsables de lo que pasó y lo que está pasando en la república Argentina"

La jueza, Ana María Figueroa, sostuvo en su fallo: "Ni los funcionarios del BCRA ni la Presidenta de la Nación Argentina y ni Ministro de Economía son sujetos activos del delito reprochado en autos, en tanto éste sólo podría ser cometido por el Presidente del BCRA que tiene a su cargo la facultad de celebrar contratos de venta de divisas a término, sostener lo contrario implicaría la aplicación de la responsabilidad objetiva en materia penal, constitucionalmente vedado por imperio del principio de culpabilidad".