El pasado 25 de marzo el movimiento estudiantil chileno volvió a tomar las calles en defensa de sus reivindicaciones. La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se movilizó al centro de Santiago para exigir un aumento en las Becas Alimentarias para la Educación Superior y fue brutalmente reprimida por las Fuerzas Especiales de Carabineros.

El saldo fueron varios estudiantes golpeados y dos de ellos heridos de gravedad. Uno de ellos, Ariel Andrés Vigo Fernández, de 19 años, recibió un disparo y se encuentra internado con pronóstico reservado

Esta fue la primera movilización estudiantil masiva tras la asunción de Gabriel Boric como presidente y aunque lograron entregar un petitorio al Ministerio de Educación, los estudiantes también exigieron la renuncia del responsable de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Jaime Tohá.

Día del Joven Combatiente

Este 29 de marzo se conmemora un nuevo aniversario por el Día del Joven Combatiente, efemérides que recuerda a tres estudiantes y dos docentes asesinados por integrantes de Carabineros durante la dictadura de Augusto Pinochet. Organizaciones estudiantiles y sociales se movilizan en todo el país en recuerdo de los jóvenes militantes del MIR asesinados.

El recién asumido gobierno de Chile enfrenta grandes desafíos en términos de políticas sociales. Las organizaciones sociales que protagonizaron el estallido social de 2019 continúan exigiendo entre otras cosas, la disolución de la fuerza de Carabineros, institución que protagonizó graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas.

Otro reclamo es la amnistía general para los presos de la revuelta. La responsable de Amnistía Internacional - Chile, Ana Piquer destacó que no se trataría de presos comunes ya que:

"La presentación de querellas por Ley de Seguridad del Estado tiene ya en sí mismo un componente político, dado que por disposición de la propia ley, solo el Ejecutivo puede presentar querellas y por tanto valorar los elementos altamente subjetivos de los tipos penales establecidos en dicha ley"

El abogado de derechos humanos y vocero de la Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos, Jaime Fuentes, declaró que sus registros hablan de 77 personas que se encuentran en prisión preventiva, 120 con arresto domiciliario y hay más de 5.000 formalizaciones por hechos vinculados a las protestas.