Por Cocó Polinari Sabattini para Enfant Terrible

Tras la jubilación de Elena Highton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda, en 2021 y 2024 respectivamente, la Corte Suprema se redujo a tres integrantes, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz. Esta situación, denota una necesidad de funcionamiento: no bastan 3 personas para atender la intensas causas que tiene enfrente la Corte. A su vez, desde la salida de Highton no hay mujeres que integren el magistrado y la paridad de género en el máximo tribunal es una deuda.

En abril del 2024, el Poder Ejecutivo propuso dos candidatos para integrar la CSJN, por un lado, Manuel José García Mansilla, abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por otro el juez Ariel Lijo, actual encargado del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4.

A pesar de las negociaciones y los intentos del gobierno, el pliego de Lijo avanzó hasta la firma del dictamen y luego se estancó. Por su parte, García Mansilla ni siquiera logró que la Comisión de Acuerdos emita dictamen sobre su postulación, es por esto que el Gobierno decidió, el pasado martes 25, avanzar mediante decreto, con el nombramiento de los magistrados. Por estas características, si Lijo y García Mansilla no logran el acuerdo del Senado antes de que finalice el próximo período de sesiones ordinarias que se inició este sábado, tendrán que dejar la Corte.

El debate se torna una disputa política, ya que la Corte Suprema es la cabeza del poder. Cuando se eligen ministros se eligen rumbos políticos.

¿Qué dice la Constitución? 

Las respuestas están en el artículo 99 de nuestra Constitución Nacional, donde, en principio, rige el inciso 4 de este artículo:

“4.- Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los Tribunales Federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.” 

Esto se incorporó en 1994 con el objetivo de generar un necesario acuerdo entre las fuerzas políticas, ya que con la mayoría agravada de 2/3 se impide que sea un solo partido el que logre imponer un juez. 

A su vez, en este mismo artículo, se encuentra el inciso 19 que contempla dentro de las atribuciones del presidente de la Nación:“19.- Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.”

Entonces, ¿por qué es un problema el decreto? 

El Gobierno se escuda en el inciso 19, pero este fue incorporado en 1860, cuando las sesiones del Congreso se daban de mayo a septiembre. Además, por  las obvias dificultades de la época, este apartado fue pensado para evitar la paralización de las funciones del gobierno, entendiendo que esto sería excepcional y temporal.

Siendo la regla el inciso 4, el Gobierno hace una interpretación demasiado amplia de ese permiso de excepción redactado en el inciso 19. En principio porque el Senado ya había demostrado su descontento con ambas postulaciones, y en lo técnico, porque ninguna de las vacantes se da efectivamente en el receso.

La interpretación de la ley no es azarosa, resulta una maniobra evasiva, con una clara intención de actuar por encima del Senado y dejar de su lado al Poder Judicial que controla y legitima los actos del gobierno. La medida debilita la legitimidad de la Corte Suprema, que debería identificarse por su independencia. Se pone en jaque la confianza ciudadana en las instituciones debilitando directamente el sistema democrático y republicano.

El intento de Macri

Desde la vuelta de la democracia, hubo solo un intento de hacer algo semejante. En 2015, Mauricio Macri a poco tiempo de asumir la presidencia designó, en las mismas condiciones que Milei, a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, dos de los tres actuales miembros del máximo tribunal. Pero en ese caso, el ex presidente debió dar marcha atrás por lo polémico de su decisión y terminó sometiendo a sus postulados ante el voto del Senado, en junio del 2016, por lo que ambos debieron esperar para asumir formalmente.

Un operador político y un académico antiderechos

Desde el momento en que el gobierno los propuso, se levantaron diversos debates por la legitimidad de los candidatos.

Sobre Lijo, las críticas están relacionadas con su idoneidad, desempeño y la eficacia o ineficacia de su trabajo. Según los datos disponibles en el Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ) y los análisis de los mismos por medio de La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ): en  20 años como juez, Lijo tuvo a su cargo 89 expedientes de corrupción y elevó 14 a juicio oral. De ese total, 63 están catalogadas como “cerradas”, es decir que fueron elevadas a juicio, o los imputados fueron sobreseídos o se les dictó la falta de mérito. Las 26 restantes continúan abiertas. Según la ACIJ, la mitad de esos casos (13 expedientes) llevan más de 10 años de duración, y otros 12 expedientes tienen entre 7 y 9 años de iniciados. 

Además, existen 8 causas bajo el ala de Lijo en la que uno de los imputados era un presidente o ex presidente -entre ellas la causa de Correo Argentino que salpica al macrismo. La única de estas causas que llegó a juicio fue el Caso Siemens, en el que sólo fueron procesados empresarios e intermediarios, pero no funcionarios. “Como resultado de este análisis, se observa que la gestión de Lijo ha sido, cuanto menos, inefectiva”, señala la ACIJ.

Por este mismo rasgo en su forma de trabajar, es que ha sido denunciado 32 veces en el Consejo de Magistratura (16 fueron desestimadas in limine, 11 fueron desestimadas, 2 archivadas por el paso del tiempo y 3 permanecen abiertas).

Penalmente fue denunciado en 2018 por Elisa Carrió, quien señaló al juez por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. También incluyó en esa denuncia a su hermano Alfredo Lijo, al ex camarista Eduardo Freiler, el ministro de Planificación Federal Julio de Vido y a su ex secretario privado, José María Olazagasti. El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los acusados y Franco Picardi, el fiscal de la causa, no apeló el cierre de la investigación, por lo que quedó firme el sobreseimiento. Una de las curiosidades de este expediente es que los hermanos Lijo fueron patrocinados por el estudio jurídico del abogado Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia del Gobierno y quien postuló a Lijo como candidato a la Corte.

Sus vínculos políticos y su facilidad para adecuarse al poder no son casuales, Lijo hizo carrera judicial al calor de la familia del ex juez Gabriel Cavallo, quien era su cuñado y compañero de trabajo, en la década de los ‘90, en la vocalía de la entonces camarista Luisa Riva Aramayo. Años más tarde, Cavallo pasó a ser titular del juzgado federal Nº 4 y en 2004, Lijo heredó el sillón del magistrado.

Por su parte, Manuel García Mansilla, presenta otro perfil en el que no resalta el ser un operador político como Lijo, sino un académico reconocido por su cosmovisión reaccionaria. Comenzó a ejercer la abogacía en 1996 luego de culminar sus estudios en la Universidad Austral. Un año después, en 1997, se integró al Estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los más grandes del país, donde permaneció hasta 2005 en el Departamento de Derecho Público. En esos años también hizo una maestría en la Universidad de Georgetown, en Washington, y se especializó en el Derecho Constitucional de Estados Unidos. De Marval, O’Farrell y Mairal pasó a trabajar en la industria del gas y el petróleo, de allí  se trasladó a otro estudio -entre 2010 y 2014- el de Horacio Liendo, quien fue la mente jurídica de la gestión de Domingo Cavallo con Carlos Menem.

Desde 2019 es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Llega a Javier Milei por conexión de Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro de la Nación y también históricamente relacionado con el Opus Dei. Si fuera nombrado Juez, sería su primer cargo en el Poder Judicial.  Las principales críticas a Manuel recaen en su visión conservadora del derecho, en la cual resaltan dos temáticas: derechos humanos y derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

En su presentación ante el Senado en 2018, durante el debate sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, afirmó: “El supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”.

Sobre este eje, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un comunicado contra las candidaturas, donde a la hora de hablar del académico, señalaban “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma de 1994, lo que significa un obstáculo para la efectiva protección de los derechos humanos en la Argentina”.

Docentes y egresados/as de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) también aportaron opinión en Julio del 2024 cuando presentaron un escrito ante la Comisión de Acuerdos del Senado para impugnar la candidatura de García Masilla a la Corte. Allí indican: “En sus textos publicados y en intervenciones ante el Senado de la Nación, el Dr. García Mansilla presenta interpretaciones de la Constitución que –de ser sostenidas en fallos como integrante de la Corte– implicaría un retroceso en el alcance dado hasta hoy a ciertos derechos”.

La posición de  García Mansilla no es nueva, ya que también se opuso al fallo F.A.L., en el que la Corte Suprema determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar el salud mental de la mujer, no es punible.

Además de las observaciones que se puedan hacer sobre los ahora miembros del máximo tribunal, hay una cuestión de género que no queda saldada: desde la vuelta de la democracia solo dos mujeres han pasado por la Corte Suprema, tanto oficialistas como opositores han remarcado la necesidad de una jueza que cubra el lugar que Highton de Nolasco dejo libre en 2021 tras jubilarse. 

En este sentido, en el pasado abril, la Legislatura de Córdoba aprobó un rechazo a la propuesta del Gobierno nacional de nominar a dos jueces varones para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vulnerar la paridad de género que el Estado debe asegurar. Además, acordó instruir a los senadores nacionales por Córdoba para que no avalen los pliegos de las designaciones, hasta tanto no se garantice la inclusión e igualdad de las mujeres para la cobertura de vacantes. La iniciativa estipula también que se siga igual criterio en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. 

El primero fue un proyecto de declaración promovido por el bloque Construyendo Córdoba y por la legisladora Julieta Rinaldi, de Hacemos Unidos por Córdoba. En tanto, el segundo fue impulsado por los legisladores opositores Brenda Austin, Dante Rossi, Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Carmen Pereyra, Patricia Botta, Daniela Gudiño y Graciela Bisotto. 

Ambos proyectos fueron aprobados por mayoría y contaron con las abstenciones de Rodrigo Agrelo, Gregorio Hernández Maqueda, Walter Nostrala, Daniel Juez, Nancy Almada y Luciana Echevarría.

Consecuencias 

Las formas en la que impactó el decreto son diversas. Por lo constitucional, el debate sobre la legitimidad de los nombramientos será una disputa que se mantendrá en el Senado, que aún tienen la responsabilidad de votar a favor o en contra de Lijo y García Mansilla.

En los días previos a la apertura de sesiones se llevó a cabo la jura de los jueces designados ante el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. En esta instancia se le tomó juramento al catedrático. En cuanto a Lijo, se postergó la jura, ya que debería renunciar a su lugar en el juzgado federal para asumir su nuevo lugar en la Corte, pero al ser nombrado en comisiones él mismo manifestó que no está en sus planes renunciar en tanto la decisión no sea firme, por lo que la opción oficialista sería que se mantenga en licencia de su juzgado mientras se desempeña como juez de la Corte.

En el medio del debate judicial y político, acerca de si un juez puede entrar en licencia para entrar a la Corte y luego volver a su juzgado a fin de año, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y el reciente García Mansilla, acordaron por mayoría, negarle la licencia a Lijo, quien no podrá sumarse al máximo tribunal sin antes renunciar a su actual rol de juez federal, siendo esta la única posibilidad que le queda al Gobierno. Por su parte, Lorenzetti fue el único miembro de la corte a favor de avanzar con el nombramiento.

Las consecuencias políticas se comenzaron a ver durante la apertura de sesiones el pasado sábado, donde Javier Milei tuvo su segundo discurso frente a la asamblea legislativa, esta vez en un recinto prácticamente vacío y con disputas. Por un  lado, senadores y diputados de la oposición decidieron y comunicaron previamente que no asistirían. De los 329 legisladores (257 diputados y 72 senadores) la asistencia fue menor al 50%, sin embargo la transmisión oficial solo mostró a legisladores oficialistas y militantes libertarios en los palcos.

La justificación de la ausencia del bloque mayoritario de Unión por la Patria se basó en la negativa de la Casa Rosada de dar explicaciones sobre el caso $LIBRA, la decisión de no tratar el presupuesto por segundo año consecutivo, la reciente amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires y claro, la decisión de designar jueces por decreto. A su vez, los cinco diputados del Frente de Izquierda compartieron la medida de ausentarse. 

Sí estuvo presente el ya confirmado juez García mansilla, pero se ausentó Lijo.

Sobre la disputa, también rondó a la situación de los jueces, ya que el presidente pidió que “no se politice” la designación por decreto, momento en el cual el diputado radical Facundo Manes comenzó a levantar una Constitución Nacional en repudio a los nombramientos y la mantuvo en alto mientras, a la distancia, sostenía una discusión con Santiago Caputo quien posteriormente encaró al diputado de manera violenta e informal, situación que llevó a Manes a denunciar públicamente las agresiones del personaje libertario que no para de dar noticias por su inusual comportamiento.  

Sin dudas comenzó un año legislativo que estará plagado de polémicas y denuncias, mientras la vida de los argentinos sigue el curso de los decretos.