La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inhabilitó al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tras dejar firme dos condenas:  “amenazas en la Asamblea de Papel Prensa” y “utilización de fondos de origen público para solventar 'cotillón' con consignas dirigidas al Grupo Clarín”.

La primera, se debe a los “conflictos” ocurridos durante la elección de los miembros de la comisión fiscalizadora de la sociedad. Allí, el ex secretario sacó unos guantes de boxeo e invitó a los presentes a que elijan por uno o por otro, “mis muchachos están para bancársela”, dijo.

En 2022, los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer, lo condenaron a 2 años de prisión en suspenso por “amenazas coactivas” y a 6 meses de inhabilitación para cargos públicos. En disidencia, la jueza Gabriela López Iñiguez votó por su absolución.

Durante la segunda causa, la querella lo imputó a él, al expresidente del Mercado Central, Fabián Dragone y a los dirigentes, Carlos Martínez y Guillermo Cosentino, por los delitos de “incitación a la violencia colectiva y peculado, en concurso real y en calidad de coautores”.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de queja presentados por la defensa del ex secretario en las dos causas, lo que dejó firme el fallo y cerró las instancias de apelación.

Lo llamativo es que los mismos ministros de la Suprema Corte, fallan a favor de ciertas causas, como ésta o vialidad y mantengan otras abiertas o “encajonadas”, como lo fue la extradición de Fred Machado o las denuncias por espionaje de Mauricio Macri.

¿Con qué criterios la Corte Suprema toma las decisiones que toma? ¿A quién responde? Pareciera que los nuevos modos de hacer política, en la justicia, es inhabilitar el ejercicio de la función pública. El primer antecedente fue Cristina, ahora le toca a Moreno. 

Mientras, la ministra Bullrich, habilitada para el ejercicio, pasará a ser Senadora con fueros, aún con un prontuario encima sin testificar.