Tras conocerse la condena a 6 años e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la dirigente se dirigió a la nación desde su despacho. La condena cantada pone el broche final a una causa que busca instalar la idea de que un gobierno democrático es una asociación ilícita. Cristina se refirió al escándalo de jueces, funcionarios y servicios de inteligencia reunidos con CEOs de Clarín en la casa de Joe Lewis: Son la mafia judicial".
El Tribunal Oral Federal N2 de Comodoro Py resolvió condenar a la vicepresidenta Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces que integran dicha cámara, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, pusieron así el broche final a la llamada "Causa Vialidad", donde se investigaba -por segunda vez- la ejecución de obras públicas en Santa Cruz durante el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner. El fallo no es firme y se prevé que los abogados de la vicepresidenta apelen a la Cámara de Casación.
La causa ya había sido archivada por inexistencia de delito, pero en 2019 el juez Julián Ercolini ordenó reabrirla y ésta fue a parar al TOF 2, cercano al macrismo. Ercolini, que instruyó la causa, se halla envuelto en el escándalo del viaje a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, junto a otros jueces, funcionarios y servicios de inteligencia.
La presidenta habló después de conocerse la condena y señaló que "Esto ya no es lawfare, ni partido judicial. Es un estado paralelo. Una mafia judicial"
Tras señalar las incongruencias procesales de las acusaciones desarrolladas por los fiscales Luciani y Mola, -que solicitaron 12 años de prisión-, la vicepresidenta insistió sobre la inexistencia del delito. "El encargado de ejecutar el presupuesto de la obra pública no es el presidente, sino el jefe de gabinete, que en última instancia tampoco tiene responsabilidad alguna. Acá no se juzga un delito, se juzga mi gobierno. Pretenden imponer la idea de que un gobierno democrático es una asociación ilícita".
Seis policías fueron imputados por la muerte del joven de 35 años en La Falda, en julio de 2022. Fue detenido mientras sufría una crisis psicótica y llevado a la comisaría departamental, donde murió por "asfixia mecánica"
Este jueves, a las 15 horas en el Museo de Antropología iniciará un taller abierto para conocer cómo se registran los malos tratos en los contextos de encierro y luego un conversatorio sobre la creación de un mecanismo local para la prevención de la tortura estatal.
Durante las protestas frente al Ministerio de Capital Humano el pasado 10 de abril, un manifestante perdió la visión de un ojo como resultado de la represión policial
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