El pasado 20 de diciembre, dos internas del Complejo Carcelario N.º 1 “Francisco Luchesse” ubicado en Bouwer murieron quemadas en medio de una protesta por las condiciones de detención, principalmente por la falta de agua. Las víctimas estaban alojadas en el núcleo “C”, del Establecimiento Penitenciario N.º 3 para mujeres.

Los gritos de las mujeres invadieron el silencio de la noche, cerca de la 1 se desató el incendio que se llevó la vida de dos privada de su libertad. Una de ellas estaba en una celda de aislamiento y murió en el lugar. La otra fue trasladada al instituto del quemado y falleció horas después.

Organizaciones que buscan el cumplimiento de los derechos de las personas detenidas desmintieron la versión del Servicio Penitenciario de Córdoba que aducía que el incendio obedecía a una riña entre internas. Desde la organización señalaron que el personal policial tardó demasiado en abrir la puerta, pese a los pedidos de auxilio. Luego intentaron apagar las llamas con matafuegos que no funcionaban. Sumado a esta serie de irregularidades, en el establecimiento no había agua para frenar el fuego.

La organización Solidaridad Anticarcelaria denunció que la situación sucedió en un contexto marcado por “la negligencia y desprecio por la vida de las internas”. Según difundió el colectivo, las detenidas reclamaban por los “traslados compulsivos que ejecuta el servicio penitenciario como mecanismo de tortura y castigo”. El cambio de establecimiento implica para las personas presas el alejamiento de sus seres queridos y el consecuente aislamiento.

El desplazamiento forzado y arbitrario no es el único atentado contra las detenidas, hay una larga lista de derechos vulnerados: “Entre las problemáticas recurrentes que conocemos de Bouwer, están la falta de agua y cortes de luz, las condiciones de hacinamiento (en una celda de 3x2 metros, supuestamente para 3 personas, suelen dormir entre 5 y 6), las raciones de comida son insuficientes, las celdas no cuentan con ventiladores y no permiten que los familiares ingresen cortinas, hay una sola pava y dos hornallas para todo un pabellón (donde hay más de 110 personas) y atravesaron el invierno sin agua caliente. También afrontan interrupciones arbitrarias de tratamientos médicos impidiéndoles la constancia”.

Además, Solidaridad Anticarcelaria sostiene que “existen de forma totalmente ilegal las celdas de castigo y las camas de sujeción, en espacio de dos metros por dos metros, sin ventilación ni acceso a baño”.

Ataques sistemáticos

Hace menos de un mes, el fiscal José Mana ordenó la detención de 10 guardiacárceles, acusadas de torturar a un joven interno trans que estaba alojado en el Establecimiento Penitenciario 3, de Bouwer “Mujeres”. El recluso transicionó durante su detención y luego de manifestar su decisión recibió una brutal golpiza. El violento episodio ocurrió el 23 de noviembre. Según figura en el expediente, las celadoras lo encerraron en una sala contra su voluntad y pasaban de a una a golpearlo.

La denuncia trascendió y la Jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes, activó una investigación interna y todo fue confirmado por las cámaras de seguridad, lo que exhibe la impunidad con la que se teje la violencia sistemática en los lugares de detención. Las imputaciones apuntan a violencia institucional y abuso de autoridad, aunque hasta ahora no ha trascendido la carátula de la causa.

Malos tratos y tortura tras las rejas

El Servicio Penitenciario de la Provincia gobernada por Martín Llaryora suma dos ataques fatales, en un año donde hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos centró su atención en la situación carcelaria. En agosto, el organismo realizó una audiencia por las denuncias de sobrepoblación, maltratos y abuso de la prisión preventiva.

Los cuestionamientos internacionales, acompañados de las advertencias contantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), derivaron en débil respuesta institucional (criticada por el propio Comité): la creación de la Procuración Penitenciaria, un organismo dependiente del del Poder Judicial, que no se ajusta a los tratados de derechos humanos y no prevé un monitoreo efectivo de las cárceles.

El viernes 12 de diciembre, en una sesión exprés, el oficialismo cordobés aprobó en la Unicameral el proyecto en soledad, pese a los señalamientos del Comité y de gran parte de la oposición.

La ley 44.944 establece la conformación de una entidad con siete cargos vitalicios de jerarquía y gran escala salarial, que serán designados por el Gobierno, sin pasar por concurso. Además, la nueva institución no cumple con los estándares establecidos por la ley 26.827 del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (SNPT), en el cual se basan los organismos provinciales existentes en Argentina. Tampoco sigue las recomendaciones del Comité, que tras las visitas de cada año advierte que las condiciones de los centros de detención de Córdoba son inhumanas.

Durante la sesión en la cual se trató la iniciativa oficialista, el CNPT envió una carta al recinto, señalando la falta de “independencia funcional y autarquía financiera” y la imposibilidad de la participación de organizaciones de la sociedad civil. La normativa plantea dependencia administrativa, presupuestaria y de personal del Tribunal Superior de Justicia.

Y añadió: “No se prevé que el organismo realice visitas de monitoreo no anunciadas ni entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad, facultades que constituyen el núcleo operativo del modelo preventivo”.

El CNPT afirmó que la Procuración Penitenciaria “no daría cumplimiento a la obligación internacional del Estado provincial de constituir su Mecanismo Local de Prevención, manteniendo así el incumplimiento señalado reiteradamente por los órganos internacionales de derechos humanos”.

En ese sentido se expresó la Red de Derechos Humanos en Contextos de Encierro, destacando que hace más de una década exigen la aprobación de organismos locales de prevención de tratos crueles. La Red indicó que decenas de proyectos elaborados por profesionales y familiares de víctimas de represión estatal permanecen en los cajones de la Legislatura.

Foto de portada: Jefa del Servicio Penitenciario: Carolina Verónica Funes/LVI.